Detrás del Discurso
Cruz estrena su mentirómetro: “Mentiras al descubierto”, donde su gobierno acusa, juzga y se absuelve cada lunes
El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez convirtió su conferencia semanal en un tribunal de propaganda. La nueva sección no cuenta con verificación independiente: el propio Ayuntamiento selecciona al acusado, define qué considera mentira, produce el video y dicta sentencia. No es transparencia. Es autoabsolución institucional.
El Gobierno Municipal estrenó “Mentiras al descubierto”, una sección permanente para responder desde sus conferencias y redes oficiales a quienes cuestionen obras, decisiones o resultados de la administración.
La primera edición tuvo tres destinatarios y una curiosa coincidencia: todos pertenecen al PAN.
El dirigente municipal Ulises Pacheco, la presidenta estatal Daniela Álvarez y la diputada Xóchitl Contreras fueron colocados en la pantalla oficial bajo la etiqueta de “voceros de la mentira”. El material fue producido por el área de Comunicación Social y será presentado los lunes durante la conferencia del alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel.
El Municipio afirma que pretende ejercer su derecho de réplica.
En realidad, acaba de asignarse simultáneamente los papeles de acusador, verificador, juez y vocero de la verdad.
La copia fronteriza de la mañanera
La idea no tiene nada de original.
Andrés Manuel López Obrador inauguró el 30 de junio de 2021 la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, desde donde la Presidencia exhibía a periodistas, medios y adversarios que consideraba responsables de difundir falsedades.
Claudia Sheinbaum mantuvo el modelo bajo un nuevo nombre: “Detector de Mentiras”, presentado el 9 de octubre de 2024 y encargado a Infodemia, organismo integrado al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Ciudad Juárez recibió ahora su versión municipal.
Menos Palacio Nacional.
Más Palacio Municipal.
La misma fórmula: el gobierno utiliza su estructura, sus cámaras, sus trabajadores y sus canales oficiales para declarar quién miente y quién dice la verdad.
El primer “desmentido” depende de una promesa
El Municipio acusó a Ulises Pacheco de mentir al afirmar que el puente del Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza había sido cancelado.
Para “desmentirlo”, la administración reconoció que la obra no está en ejecución, que hubo una reasignación de recursos y que la licitación apenas se abriría en octubre. También prometió concluirla antes de terminar el periodo municipal.
Eso no es comprobar una obra.
Es presentar otra promesa.
El puente no está terminado.
Ni siquiera está licitado.
El Gobierno llama “mentiroso” a quien duda del proyecto mientras ofrece como prueba que tal vez comenzará después.
El nuevo detector municipal funciona de maravilla: convierte compromisos futuros en resultados presentes.
Contra Daniela no verificaron nada
El segundo apartado fue dedicado a Daniela Álvarez, quien había cuestionado el arraigo y la legitimidad política de Ortiz Orpinel.
La respuesta municipal no verificó fechas, documentos ni una afirmación concreta.
El video defendió que Ortiz formó parte de la planilla ganadora, destacó la votación obtenida y sostuvo que ser juarense depende del compromiso con la ciudad, no del lugar de nacimiento.
Podrá ser una defensa política válida.
No es una verificación de hechos.
Es exactamente lo que el Municipio asegura combatir: una opinión respondiendo a otra opinión, solo que una de ellas fue producida con recursos públicos.
Contra Xóchitl utilizaron el “¿y tú qué?”
El tercer ataque fue dirigido contra Xóchitl Contreras.
El Ayuntamiento no demostró que una declaración específica de la diputada fuera falsa. Optó por acusarla de permanecer ausente frente a problemas relacionados con el transporte público, el agua potable y el drenaje.
Ese recurso tiene nombre: desviar la discusión.
Aunque la diputada estuviera ausente en todos esos temas, eso no volvería verdaderas las afirmaciones del Municipio ni falsas las críticas de Contreras.
El supuesto detector de mentiras terminó convertido en el viejo:
“Nosotros no respondemos, pero tú estás peor”.
Diálogo sin descalificaciones… llamándolos mentirosos
La contradicción quedó escrita por el propio Ayuntamiento.
Al anunciar la sección afirmó:
“En una democracia, el debate se construye dialogando, no descalificando”.
Acto seguido, difundió un video que llamó “voceros de la mentira” a sus adversarios y los expuso mediante sarcasmo desde las cuentas oficiales.
Ortiz Orpinel llegó más lejos: aseguró que “99.9 por ciento son mentiras” y pidió a los políticos responsabilizarse de sus declaraciones y “atenerse a las consecuencias”.
Nada dice “diálogo democrático” como un gobierno advirtiendo consecuencias a quienes lo critican.
Cuando el gobierno se verifica a sí mismo
Una verificación seria requiere fuentes abiertas, metodología pública, correcciones transparentes y separación entre quien emite la afirmación y quien la revisa.
En los materiales disponibles de “Mentiras al descubierto” no aparece un órgano independiente, un procedimiento de revisión, una política de correcciones ni la posibilidad de que la propia administración sea sometida al mismo ejercicio.
El gobierno elige los casos.
El gobierno reúne los argumentos.
El gobierno produce la cápsula.
El gobierno concluye que el gobierno tiene razón.
Eso no es fact-checking.
Es propaganda con disfraz de verificación.
Especialistas han advertido ese conflicto de interés en ejercicios similares: cuando el gobierno verifica el debate público, suele concentrarse en desmentir aquello que lo perjudica y termina impulsando su propia narrativa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también documentó que la sección federal “Quién es quién en las mentiras” fue utilizada para estigmatizar y descalificar a la prensa crítica. Ante la continuidad de un formato semejante en el nuevo gobierno federal, el organismo señaló que vigilaría su cumplimiento con los estándares de libertad de expresión.
¿Información institucional o guerra partidista?
El artículo 134 constitucional establece que la comunicación de los entes públicos debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. También obliga a los servidores públicos municipales a aplicar los recursos bajo su responsabilidad con imparcialidad, sin afectar la equidad entre partidos.
La sección no puede declararse ilegal únicamente por su existencia.
Pero utilizar canales institucionales para exhibir exclusivamente a dirigentes de oposición, en medio de la preparación del proceso electoral 2026-2027, plantea una pregunta legítima:
¿Estamos ante comunicación pública o ante propaganda partidista pagada por todos?
El Ayuntamiento tiene derecho a responder críticas.
No tiene derecho a convertir la verdad en propiedad municipal.
El mentirómetro que nunca apuntará hacia adentro
La prueba de legitimidad será sencilla.
¿“Mentiras al descubierto” verificará las promesas incumplidas del propio gobierno?
¿Revisará contratos, cifras de seguridad, costos de obras y declaraciones contradictorias?
¿Señalará a funcionarios municipales cuando proporcionen información falsa?
¿Publicará correcciones cuando el Ayuntamiento se equivoque?
¿O solamente aparecerá cuando un adversario incomode al grupo político de Cruz Pérez Cuéllar?
La respuesta parece escrita desde la primera emisión.
No crearon una herramienta para buscar la verdad.
Crearon una sección para proteger la versión oficial.
Para llevar…
El Gobierno Municipal copió uno de los ejercicios más demagógicos de la 4T federal y lo rebautizó como “Mentiras al descubierto”.
Su primera edición no presentó verificación independiente. Atacó exclusivamente a tres figuras del PAN, convirtió una obra todavía no licitada en “hecho”, respondió opiniones con propaganda y sustituyó argumentos por el clásico “tú estás peor”.
Héctor Ortiz afirma que las críticas son bienvenidas.
Su gobierno acaba de estrenar una producción semanal para señalar, ridiculizar y advertir consecuencias a quienes critiquen.
Cuando un gobierno necesita fabricar su propio detector de mentiras, casi siempre es porque le aterra que alguien lo conecte a sus promesas.
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