Otro despojo bajo Cruz: pagó diez años y el Municipio le arrebató su terreno

Alfredo Velázquez acusa que una propiedad de 200 metros cuadrados adquirida en 2015 terminó asignada por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez a otra persona. Señala intimidaciones, documentos retenidos y dos años de puertas cerradas en la dependencia dirigida por Julio César de la Cruz, operador político y aspirante de Morena a una diputación federal.

Alfredo Velázquez compró en 2015 un terreno de apenas 200 metros cuadrados.

No era una inversión millonaria.

Era, según explica, un patrimonio construido con esfuerzo para dejarle algo a una de sus hijas.

Durante más de diez años pagó el impuesto predial y colocó un letrero de propiedad privada. Un día regresó al predio y encontró una construcción levantándose sobre él.

Al reclamar, descubrió algo todavía más grave:

La persona que ocupaba el terreno habría recibido la posesión directamente del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

“El Municipio le regala este terreno, que es una propiedad privada y de la que hay escrituras”, denunció Velázquez en un video público.

La acusación todavía no está respaldada públicamente con la escritura, la clave catastral, el contrato de compraventa o el expediente municipal.

Pero señala una ruta administrativa perfectamente comprobable.

No se necesita creerle al denunciante. Se necesita abrir el expediente.

Amenazas, documentos desaparecidos y puertas cerradas

Velázquez afirma que un funcionario de apellido Quiñones, adscrito presuntamente a la Dirección General de Asentamientos Humanos, acudió a su domicilio.

Según su testimonio, el servidor público no llegó para conciliar.

Llegó a intimidarlo.

“Yo quise dialogar; él, intimidar”.

El ciudadano asegura que Quiñones lo amenazó con llamar a una patrulla y detenerlo por reclamar el predio.

También sostiene que, al solicitarle documentos relacionados con la propiedad, el funcionario los recibió y nunca se los devolvió.

La pérdida de esos papeles habría debilitado después la demanda civil emprendida por Velázquez.

El señalamiento alcanza directamente al director de Asentamientos Humanos, Julio César de la Cruz Reyes, a quien el denunciante dice haber buscado mediante escritos y solicitudes durante aproximadamente dos años.

Nunca fue recibido.

“La secretaria me decía: ‘Yo ya le he dicho muchas veces y el señor dice que no tiene tiempo de atenderlo’”.

La ironía es brutal.

La dependencia que presume entregar certeza jurídica a las familias habría dejado a un padre sin terreno, sin documentos y sin audiencia.

La Dirección sí tenía obligación de intervenir

Las atribuciones oficiales de Asentamientos Humanos no se limitan a repartir lotes.

La propia página del Municipio establece que la dependencia debe mediar y conciliar conflictos entre particulares relacionados con la posesión, tenencia o propiedad de la tierra, además de ofrecer asesoría jurídica y efectuar inspecciones.

También puede regularizar terrenos particulares, pero mediante convenios con sus propietarios y procedimientos jurídicos específicos.

Los casos oficiales publicados por el Ayuntamiento muestran que la enajenación ordinaria se realiza sobre predios municipales, mediante dictámenes y autorización del Cabildo. Cuando se trata de terrenos privados, la autoridad afirma que primero debe existir un acuerdo con el propietario.

Por eso la pregunta central no es complicada:

¿Con qué documento acreditó el Municipio que podía disponer del lote denunciado por Alfredo Velázquez?

Si el predio era municipal, debe existir un antecedente de propiedad pública.

Si era particular, debe existir un convenio con el propietario registrado.

Si hubo expropiación, deben existir causa de utilidad pública, procedimiento, decreto e indemnización.

Si no existe nada de eso, alguien tendrá que explicar cómo una oficina municipal terminó entregando un terreno disputado a un tercero.

El punto débil del denunciante

Velázquez reconoce un hecho importante:

La escritura continúa a nombre del antiguo propietario.

Esto significa que el ciudadano tendrá que acreditar su compraventa, la transmisión de derechos y la cadena documental correspondiente.

Pagar predial durante años tampoco demuestra por sí solo la propiedad. La Suprema Corte ha sostenido que los recibos fiscales acreditan principalmente una relación con la autoridad recaudadora, pero son insuficientes por sí mismos para probar la posesión o propiedad de un inmueble.

Ese vacío jurídico debe decirse con claridad.

Pero tampoco autoriza al Gobierno Municipal a apropiarse del lote o transferirlo arbitrariamente.

Una documentación incompleta no convierte automáticamente una propiedad particular en patrimonio municipal.

Mucho menos justifica que los documentos entregados a una dependencia desaparezcan.

La controversia solamente puede resolverse revisando el Registro Público, Catastro y el expediente completo de Asentamientos Humanos.

Julio de la Cruz: del reparto de terrenos a la campaña política

Julio César de la Cruz permanece al frente de Asentamientos Humanos y controla una estructura encargada de regularizar, asignar e inspeccionar terrenos en toda la ciudad. La dependencia presentó para 2026 más de 85 millones de pesos distribuidos entre servicios personales, operación, maquinaria, transporte y control territorial.

No se trata, por tanto, de una oficina menor.

Es una dependencia con presupuesto, inspectores, expedientes, maquinaria y acceso directo a familias que buscan vivienda.

También es una plataforma política.

En junio de 2026, Cruz Pérez Cuéllar confirmó públicamente que Julio de la Cruz pretende buscar la diputación federal por el Distrito 3.

Meses antes, medios locales documentaron publicaciones en las que el funcionario aparecía encabezando brigadas y promoviendo el proyecto político del entonces alcalde, incluso con chaleco de Morena. El reporte generó cuestionamientos sobre la mezcla entre sus funciones municipales y el proselitismo partidista.

Mientras Alfredo Velázquez afirma que nunca encontró espacio en su agenda, el director sí encontró tiempo para caminar, colocar propaganda y promover al proyecto de Cruz.

Para el ciudadano agraviado no hubo audiencia.

Para la campaña siempre hubo disponibilidad.

No es la primera alarma sobre los expedientes

La denuncia de Velázquez no prueba por sí sola una red de despojos.

Sin embargo, aparece en un contexto que exige revisar a fondo la dependencia.

En julio de 2026 fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano otra denuncia contra Julio de la Cruz por la presunta expedición de cartas de posesión sobre terrenos federales y propiedades reclamadas por particulares en La Conquista, Juanita Luna y Lomas de Poleo. Los señalamientos todavía no han sido resueltos por una autoridad.

En octubre de 2025, la Sindicatura solicitó una auditoría contra un funcionario subordinado de Asentamientos Humanos, acusado de utilizar información institucional para manipular expedientes, vender prescripciones y encubrir invasiones. Julio de la Cruz confirmó públicamente que existía una investigación, aunque atribuyó la denuncia a personas “resentidas” que habían sido dadas de baja.

También en marzo de 2026, habitantes de Jardines de San Pablo denunciaron que el director canceló una reunión relacionada con un terreno comunitario que presuntos particulares comenzaron a intervenir.

Son casos distintos.

No deben mezclarse como si ya estuvieran probados.

Pero todos apuntan hacia el mismo lugar:

Los expedientes de tierra en Ciudad Juárez necesitan una auditoría externa, profunda y pública.

Las pruebas que debe entregar el Municipio

El caso de Alfredo Velázquez puede esclarecerse sin discursos, descalificaciones ni propaganda.

El Gobierno Municipal debe presentar:

• La clave catastral y ubicación exacta del terreno.
• La cadena de propietarios inscrita en el Registro Público.
• El expediente completo abierto en Asentamientos Humanos.
• La solicitud de la persona beneficiada con el predio.
• El estudio socioeconómico y dictamen de asignación.
• La carta de posesión, asignación o contrato emitido.
• El documento que acredita que el Municipio era propietario o estaba facultado para regularizarlo.
• El acuerdo del Cabildo, cuando resulte aplicable.
• El nombre de cada funcionario que intervino.
• El registro de los documentos entregados por Velázquez.
• La respuesta oficial a cada escrito presentado por el denunciante.

La Sindicatura y la Contraloría también deben preservar de inmediato los archivos físicos y digitales para impedir que sean modificados, sustituidos o extraviados.

No basta con asegurar que todo se hizo conforme a la ley.

Que enseñen la ley aplicada.

Que enseñen los documentos.

Que enseñen las firmas.

Cruz se fue; su aparato permanece

Cruz Pérez Cuéllar dejó temporalmente la Presidencia Municipal el 17 de junio de 2026 para recorrer el estado y buscar la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua. Héctor Ortiz Orpinel asumió como alcalde, pero anunció que mantendrá la continuidad del proyecto y del gabinete heredado.

Eso significa que la estructura señalada por Velázquez permanece intacta.

Julio de la Cruz sigue como director.

Los expedientes siguen bajo control municipal.

La maquinaria que repartió el terreno cuestionado —si la denuncia resulta cierta— no desapareció con la licencia del exalcalde.

Solamente cambió de jefe visible.

La Verdad a Gritos no pudo localizar un expediente público que identifique el lote denunciado, porque el testimonio no proporciona domicilio, clave catastral ni número de procedimiento.

Tampoco fue posible verificar la identidad completa del funcionario de apellido Quiñones.

Por esa razón, este medio no afirma que el despojo esté jurídicamente demostrado.

Sí afirma que la denuncia contiene hechos verificables y que el Municipio posee todos los documentos necesarios para confirmarlos o desmentirlos.

Las personas señaladas cuentan con derecho de réplica.

Para llevar…

Alfredo Velázquez admite que no puso la escritura a su nombre.

Esa omisión puede complicar su defensa.

Pero una debilidad documental del ciudadano no concede al Gobierno Municipal licencia para repartir propiedades dudosas, retener papeles, amenazar al reclamante o esconderse durante dos años.

Cruz Pérez Cuéllar presume que su gobierno entregó miles de títulos y patrimonios.

Ahora debe aclararse cuántos de esos patrimonios fueron construidos sobre derechos que otra persona llevaba años pagando.

Porque ayudar a una familia entregándole un terreno ajeno no es justicia social.

Es vestir el despojo con chaleco guinda.

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