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Se Tenía que Decir

Narcomantas, emboscadas y ejecuciones: el círculo de violencia que cerca al narcogobierno de Cruz Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez vive una violencia que ya no se explica solo por enfrentamientos armados, sino por mensajes públicos del crimen organizado, disputas internas expuestas en mantas y una autoridad municipal rebasada que administra la crisis sin romper el ciclo.

La madrugada de este día fue localizada una narcomanta en la colonia Galeana, colocada en una barda del parque del mismo nombre, en el cruce de Pinotepa y Felipe Carrillo Puerto. En el mensaje, quien se identifica como “El 300” se deslinda del ataque armado contra policías estatales ocurrido recientemente y atribuye la orden del atentado a otros presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos “El Nomo”, Jaime, “El Moustro” y “El Profe”.

La manta dice:

“PARA COMUNICARLE A LAS AUTORIDADES QUE YO EL 300 NO TENGO NADA QUE VER EN LO DE LOS ESTATALES LA ORDEN FUE DEL NOMO, JAIME, MOUSTRO Y DEL PROFE ATT. EL 300 ME DESLINDO LÍDER EMPRESA”.

El texto confirma una realidad inquietante: en Juárez, el crimen ejecuta, se deslinda, señala rivales y emite comunicados con la certeza de que su narrativa circulará sin una respuesta institucional proporcional.

La secuencia que exhibe al municipio

En días recientes, la ciudad ha visto repetirse un patrón claro:

  • Una emboscada directa contra policías estatales en la avenida López Mateos, con saldo fatal.
  • Operativos estatales posteriores que derivaron en detenciones y aseguramientos.
  • Narcomantas que aparecen para amenazar o repartir culpas.
  • La Policía Municipal limitándose a retirar mensajes y acordonar escenas, sin resultados propios de alto impacto.

La violencia se comunica; la autoridad municipal reacciona.

El antecedente que explica el presente

Este episodio no puede leerse sin memoria. René Gerardo Santana Garza, alias “El 300”, fue capturado por fuerzas federales en 2018 como presunto líder criminal y generador de violencia en la frontera. Sin embargo, tras reducciones de cargos y salidas procesales que no lo mantuvieron recluido el tiempo acorde a la gravedad de los señalamientos que pesaban en su contra, recuperó la libertad y volvió a operar en el entorno criminal.

Años después, su nombre reaparece en narcomantas vinculadas a ataques armados. No es una anécdota: es la evidencia de fallas estructurales que dejaron a actores violentos en la calle y que hoy rebotan en la seguridad cotidiana de Juárez.

El narcoalcalde bajo presión

En este contexto, el gobierno municipal encabezado por Cruz Pérez Cuéllar queda en su punto más vulnerable: la seguridad pública.

El narcoalcalde insiste en el discurso de “coordinación”, pero defiende una corporación municipal desacreditada, vinculada a múltiples escándalos criminales y sin resultados visibles cuando la violencia escala. Pide mesura a fuerzas externas, mientras el crimen marca territorio con mensajes públicos y las respuestas efectivas llegan desde otras instancias.

La pregunta ya no es si hay violencia.
La pregunta es por qué el municipio no logra prevenirla ni contenerla, y por qué la narrativa criminal avanza más rápido que la autoridad local.

El verdadero problema

Las narcomantas no solo buscan intimidar. Ocupan el vacío del poder. Cuando un grupo criminal puede deslindarse públicamente, señalar responsables y amenazar sin consecuencia inmediata, el problema deja de ser solo delictivo y se vuelve institucional.

Ciudad Juárez no necesita más comunicados ni poses de coordinación. Necesita autoridad real, prevención y resultados medibles. Mientras eso no ocurra, la violencia seguirá cerrando el cerco y el costo político recaerá, inevitablemente, en un gobierno municipal rebasado por omisión.

Un deslinde indispensable

Este señalamiento no pretende generalizar ni desacreditar a las y los integrantes de la Policía Municipal que cumplen su labor con honestidad, vocación y profesionalismo, muchas veces en condiciones adversas y con recursos limitados. Existen elementos probos que sí sirven a la ciudad y que no merecen cargar con el descrédito institucional.

Son precisamente esos policías quienes resultan más afectados cuando la conducción política falla: cuando la estrategia es errática, cuando la coordinación se queda en el discurso y cuando el mando civil no da la cara ni limpia la casa.

La desconfianza ciudadana no se origina en la base, sino en la cúpula del poder municipal.
Mientras esa responsabilidad no se asuma, los buenos elementos seguirán siendo otro daño colateral de una administración que no supo —o no quiso— enfrentar al crimen con firmeza.

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