¡Van por ellos! Va EU tras políticos mexicanos que recibieron sobornos del narco

La Fiscalía de Estados Unidos estableció como prioridad la investigación de los sobornos efectuados por los cárteles hacia funcionarios públicos en el extranjero y empresas que usan para el lavado de dinero.

Hay un memorándum que emitió Todd Blanche, fiscal general de justicia de Estados Unidos, por el cual los fiscales deben valorar primeramente en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero si los implicados en cárteles, organizaciones terroristas u organizaciones criminales transnacionales.

En el caso de que este tipo de investigaciones sí resulte con nexos en cárteles mexicanos o de otros países, las investigaciones se extenderían a quienes aceptan los sobornos y a empresas que participan en el “lavado” de dinero.

Este documento está dirigido al jefe de la División Penal del Departamento de Justicia y establece los nuevos parámetros ordenados por el Presidente Donald Trump para investigar los actos de corrupción más allá de las fronteras de EE.UU., lo que consideran a mexicanos, puesto que la mayoría de cárteles declarados organizaciones terroristas son de México.

Estos son los Gobernadores de Morena que se han mencionado con más frecuencia a los que el Gobierno de los EE.UU. tiene como prioritarios.

Americo Villarreal. Gobernador de Tamaulipas.

Tras la localización con vida de 32 migrantes que fueron secuestrados en un autobús en la carretera Reynosa-Matamoros de Tamaulipas, comenzaron a circular versiones sobre una posible participación del Cártel del Golfo en estos hechos.

Narrativas extraoficiales señalaron que elementos policiales del Gobierno de Tamaulipas habrían estado coludidos en la privación ilegal de la libertad de las personas originarias de Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras y México.

Esta no es la primera vez que autoridades estatales han sido acusadas de supuestos nexos con el crimen organizado, pues desde antes de su llegada al gobierno local, Américo Villarreal fue señalado como cercano a grupos afines, precisamente, al Cártel del Golfo.

En noviembre de 2022, el grupo Columna Armada ‘Pedro José Méndez’ —nacido como una organización de autodefensas— publicó un escrito firmado por su líder, Octavio Leal Moncada, en el que se reveló su participación activa en la campaña electoral de Villarreal Anaya.

“En el tiempo breve de mi ausencia por encontrarme en prisión acusado de un delito que no cometí; pues mi detención obedeció a nuestra participación en la campaña electoral por la gubernatura del estado a favor del Doctor Américo Villarreal Anaya”, puede leerse al inicio del texto de Leal Moncada, también conocido como ‘El Tarzán’.

Fue e 5 de julio de 2022 cuando este hombre fue detenido en el estado de Nuevo León por su probable participación en el homicidio de dos personas identificadas como Rutilo Talip Narváez y Saib Talip Rivera. Semanas después, el 20 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que Leal Moncada estaba ligado al Cártel del Golfo.

“Esta detención se hizo por la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas y la de Nuevo León. Este es el líder de la columna armada, Pedro J. Méndez, que está vinculado al Cártel del Golfo”, afirmó Luis Cresencio Sandoval en la conferencia matutina de aquella fecha desde Palacio Nacional.

La Columna Armada, autodenominada también como Columna Cívica, surgió en 2010 como un grupo de autodefensas que pretendía frenar el asedio de Los Zetas en Tamaulipas.

Sin embargo, acorde con las investigaciones del Gobierno Federal, con el paso de los años comenzó a funcionar como un brazo armado del Cártel del Golfo que usaba el apelativo de “autodefensas” para encubrir sus actividades delictivas.

Reportes periodísticos y denuncias ciudadanas exponen que desde octubre de 2018, este grupo mantiene sitiados e incomunicados a los habitantes del Ejido Buenavista, ubicado en el municipio de Hidalgo.

Rubén Rocha Moya. Gobernador de Sinaloa.

Rúben Rocha Moya, actual gobernador emanado de Morena, ha mantenido un discurso de paz, reconciliación y programas sociales. Pero detrás de esa narrativa, hay un silencio que incomoda. Un silencio que lo coloca no solo como un espectador pasivo, sino como un facilitador por omisión del control territorial que ejerce el narcotráfico en su estado.

¿Cómodo con el narco?. Durante su administración, Rocha ha optado por una política blanda, casi sumisa, ante los cárteles. Pese a que Sinaloa ha vivido múltiples episodios de violencia narca —como la recaptura de Ovidio Guzmán en 2023 o los bloqueos armados en varias regiones—, el gobernador ha minimizado los hechos, asegurando que “la situación está bajo control” y que no hay “mayor conflicto”.

En sus ruedas de prensa, evita mencionar directamente al Cártel de Sinaloa, y cuando lo hace, parece más preocupado por no incomodar a los líderes criminales que por defender a la población. Su postura recuerda a un viejo axioma sinaloense: “Con el narco, mejor no te metes”.

El narco en la boleta electoral. En las elecciones de 2021, distintas denuncias apuntaron a una operación del crimen organizado a favor de los candidatos de Morena, incluyendo a Rocha. En zonas rurales, operadores del PRI, PAN y PRD fueron amenazados, retenidos o impedidos de realizar campaña. El resultado fue claro: Morena arrasó. Y Rocha ganó.

¿Coincidencia o complicidad? Las autoridades nunca investigaron. Y el gobernador jamás condenó con firmeza los hechos.

Culiacanazo 2.0: la impunidad continúa. Cuando Ovidio Guzmán fue detenido por segunda vez en enero de 2023, Sinaloa vivió un nuevo “culiacanazo”. Balaceras, narcobloqueos, quema de vehículos y terror generalizado. ¿La reacción del gobernador? Agradecer al Ejército y declarar que “todo estaba en calma” mientras la población se encerraba en sus casas. En vez de condenar el poderío del narco, dio gracias por la “coordinación” institucional. Otra vez, el silencio cómplice.

La estructura gubernamental: sin mancharse… pero salpicado. Aunque no se ha comprobado judicialmente una relación directa entre Rocha Moya y el narco, varios funcionarios de su administración han sido señalados por vínculos familiares, económicos o sociales con personajes ligados al crimen organizado. Y en todos los casos, el gobernador ha preferido la defensa cerrada antes que la transparencia.

Marina del Pilar. Gobernadora de Baja California

Ola de violencia en agosto 2022. El 12 de agosto de 2022, comandos del CJNG incendiaron vehículos en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Rosarito (36 puntos afectados), con narcomantas apuntando directamente al Estado por incumplir “pactos” con el cártel. Exgobernador Jaime Bonilla acusó públicamente a Marina del Pilar de haber “pactado con CJNG” y responsabilizarla de los hechos .

Visa cancelada en EE.UU. por vínculos sospechosos. En mayo de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. revocó su visa y la de su esposo, Carlos Torres, incluyendo presuntas investigaciones por lavado de dinero y relaciones con “Los Rusos”, brazo armado del cártel de Los Mayos. El senador Bonilla reiteró que dichos grupos buscan influencia en el gobierno estatal.

Violencia y medidas oficiales: entre cifras y críticas. Ella presume una reducción de 23–30 % en homicidios y una caída de 29 % en incidencia delictiva comparando 2024 vs. 2023. También destaca un récord de decomisos: 12 toneladas de metanfetamina, 1,400 kg de cocaína, y un aumento del 1,750 % en aseguramiento de fentanilo.Sin embargo, en México se registraron 70 asesinatos diarios en 2024 —26,715 homicidios lo que refleja que Baja California pudo haber contribuido al descenso, pero en un contexto nacional violento.

.Asesinatos y crimen sin control territorial. En marzo de 2025 un líder pesquero de Mexicali fue ejecutado con 40 disparos, señalando una clara muestra de impunidad y poder narco en la zona. También se reportó el asesinato de empresarios del sector acuícola en Ensenada (2024), víctimas de ajustes criminales .

Señalamientos mediáticos y testimonios. Jaime Bonilla afirmó: “El gobierno de Baja California dejó de ser socio de cárteles para convertirse en uno”. La aparición de narcomantas señalando a funcionarios (incluida la gobernadora) por nexos con “Los Rusos” corroboran el señalamiento público.