Reforma “Laboral” Judicial. “No soy perfecto”: candidato a juez confirma que estuvo preso en EU por narcotráfico

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el aspirante a juez federal en el estado de Durango, Leopoldo Javier Chávez Vargas, reconoció públicamente que estuvo recluido durante casi seis años en una prisión de Estados Unidos por el delito de tráfico de metanfetamina. La declaración generó polémica en redes sociales y círculos políticos, al tratarse de un aspirante a un cargo judicial de alta responsabilidad.

Chávez Vargas, quien busca convertirse en juez de Distrito en Materia Mixta, relató que fue detenido mientras viajaba en un autobús en territorio estadounidense, en el cual se encontró una sustancia ilícita que él mismo admitió haber transportado.

Aunque aceptó haber asumido la responsabilidad del hecho, calificó su encarcelamiento como una injusticia, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias legales o los elementos que, a su juicio, habrían derivado en una sentencia desproporcionada.

Este antecedente ha provocado una serie de reacciones entre legisladores y actores del ámbito judicial. En respuesta a la controversia, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados presentaron una impugnación formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que solicitan la anulación de su candidatura.

Argumentan que la trayectoria judicial de cualquier aspirante debe cumplir con estándares de ética, legalidad y transparencia, condiciones que consideran no se cumplen en este caso debido a sus antecedentes penales.

El caso ha abierto un debate sobre la reinserción social, la posibilidad de redención y los límites legales y éticos que deben observar quienes aspiran a ocupar cargos públicos, especialmente dentro del Poder Judicial. Mientras algunos sectores piden una evaluación imparcial del proceso judicial que enfrentó Chávez Vargas, otros exigen su inmediata descalificación, argumentando que una condena por narcotráfico compromete gravemente la integridad institucional del sistema de justicia mexicano.