¿Primero los pobres o primero Cruz? Dos renuncias exhiben la peligrosa politización de los programas del Bienestar

Dos operadores vinculados a los programas sociales federales en Chihuahua dejaron sus cargos con horas de diferencia para incorporarse al tablero político de 2027. Lupita Pérez respaldó públicamente a Cruz Pérez Cuéllar antes de renunciar; Omar García Palomares anunció “nuevos proyectos” después de meses de promocionar su perfil personal durante actividades oficiales. No existe evidencia pública de que hayan sustraído padrones o condicionado apoyos, pero la secuencia exige una auditoría inmediata.

Morena repite que los programas sociales son derechos del pueblo y no propiedad de ningún partido.

En Chihuahua, quienes administraban esos programas ya comenzaron a abandonar las oficinas de Bienestar para entrar de lleno en la disputa electoral.

La coincidencia resulta demasiado conveniente.

Lupita respaldó a Cruz antes de renunciar

Guadalupe “Lupita” Pérez Domínguez presentó su renuncia a la Secretaría de Bienestar durante la tercera semana de julio.

La exfuncionaria había sido identificada públicamente como enlace estatal del programa Vivienda para el Bienestar y, al momento de su salida, fue reportada como coordinadora regional de los programas federales en Cuauhtémoc.

Horas antes de anunciar su separación, difundió un video respaldando a Cruz Pérez Cuéllar, aspirante de Morena a la gubernatura. Posteriormente confirmó que continuará trabajando desde “otra trinchera”, mientras prepara su propia aspiración a la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc.

No fue una transición gradual.

Pasó de operar programas sociales a promover un proyecto electoral prácticamente de un día para otro.

Omar dejó Bienestar para entrar al 2027

Un día después se confirmó la renuncia de Omar García Palomares, director regional de Programas para el Bienestar en Ciudad Juárez.

En su despedida anunció que se incorporaría a “nuevos proyectos” para construir el Chihuahua que, según escribió, merece la población. No mencionó formalmente a Cruz Pérez Cuéllar y, hasta ahora, no existe prueba pública de que haya ingresado oficialmente a su equipo. Versiones periodísticas lo perfilan hacia una diputación local.

Esa precisión importa.

El video de Grillada Libre acierta al documentar su renuncia y su ingreso al terreno político, pero se adelanta al presentarlo como integrante confirmado de la campaña de Cruz.

Lo comprobado ya es suficientemente grave.

Un funcionario con contacto directo con más de 200 mil beneficiarios

Al despedirse, García Palomares presumió que la estructura regional atendía a más de 145 mil adultos mayores, 34 mil mujeres de entre 60 y 64 años, 10 mil personas con discapacidad y 18 mil madres trabajadoras.

La suma supera los 207 mil beneficiarios reportados en distintas categorías, sin contar otros programas federales operados en la frontera.

Eso no significa que Omar haya conservado o extraído personalmente esas bases de datos.

Significa que dirigió una oficina con una relación operativa privilegiada con decenas de miles de hogares: nombres, domicilios, teléfonos, CURP, necesidades sociales y calendarios de atención.

Precisamente por eso su salida no puede resolverse entregando una renuncia y cerrando la puerta.

El QR que llevaba beneficiarios a su perfil

La frontera entre información institucional y promoción política ya había sido rebasada durante su gestión.

En junio, empleados de Bienestar ofrecieron a beneficiarios de la Beca Rita Cetina escanear un código QR durante un evento oficial. El enlace no dirigía únicamente a un portal institucional: llevaba directamente a la página personal de Facebook de García Palomares.

Su cuenta ganó más de 300 seguidores durante las horas posteriores al evento. El entonces funcionario negó que se tratara de promoción personalizada.

El episodio adquiere otra dimensión después de su renuncia.

La plataforma construida mientras administraba programas públicos ahora puede convertirse en capital político para buscar una candidatura.

Ariadna dejó Bienestar y tomó Morena

El hilo conductor es Ariadna Montiel.

Montiel dejó la Secretaría de Bienestar y actualmente aparece registrada ante el Instituto Nacional Electoral como presidenta nacional de Morena. Su sucesora en el Gobierno federal es Leticia Ramírez.

Cruz Pérez Cuéllar ha exhibido públicamente su cercanía con ella. En marzo apareció desayunando con Montiel, Mayra Chávez y otros integrantes de la estructura federal; posteriormente declaró que su grupo había “cerrado filas” con la nueva dirigente nacional.

Ninguna fotografía demuestra por sí sola una operación ilegal.

Pero la secuencia política resulta inocultable:

Ariadna pasa de controlar Bienestar a dirigir Morena.

Dos funcionarios de esa estructura renuncian para entrar al proceso de 2027.

Una de ellos respalda públicamente a Cruz.

El otro construyó exposición personal desde eventos de los programas sociales antes de anunciar sus nuevos proyectos políticos.

Los padrones no son souvenirs de despedida

La ley obliga a proteger los datos personales en poder de las dependencias públicas. Su transferencia requiere consentimiento o una excepción legal, además de instrumentos que delimiten el tratamiento y las responsabilidades de quien recibe la información.

Las reglas de operación de los programas de Bienestar para 2026 también ordenan mantener medidas permanentes de blindaje electoral. La propia dependencia afirma que deben evitarse la manipulación partidista, el clientelismo y el uso proselitista de sus recursos.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales advierte que condicionar programas sociales, amenazar con retirar apoyos o utilizar ilegalmente bienes y servicios públicos para favorecer a una candidatura puede constituir delito electoral.

Hasta hoy no existe evidencia pública de que Omar García o Lupita Pérez hayan copiado padrones, contactado beneficiarios con fines electorales o condicionado apoyos.

Tampoco existe una auditoría pública que demuestre que no ocurrió.

Bienestar debe abrir los registros

La Secretaría debe informar:

• Cuándo fueron canceladas las credenciales y accesos digitales de ambos exfuncionarios.
• Qué sistemas, padrones y bases podían consultar.
• Si descargaron, exportaron o imprimieron información antes de separarse.
• Qué dispositivos oficiales entregaron.
• Si existen bitácoras de acceso y auditorías sobre movimientos inusuales.
• Qué medidas impedirán contactar políticamente a los beneficiarios atendidos durante su gestión.

No se trata de criminalizar una renuncia.

Se trata de impedir que el conocimiento adquirido mediante el servicio público se convierta en ventaja electoral privada.

Para llevar…

Lupita Pérez pasó de operar programas sociales a respaldar públicamente a Cruz Pérez Cuéllar. Omar García Palomares dejó una oficina que atendía a más de 200 mil beneficiarios después de utilizar actos oficiales para impulsar su perfil personal.

Ambos pertenecieron a la estructura construida por Ariadna Montiel, quien abandonó Bienestar para asumir la dirigencia nacional de Morena.

No está probado que se hayan llevado las bases de datos.

Precisamente por eso deben auditarse los accesos, los equipos y las comunicaciones antes de que comience la campaña.

Morena dice que los programas sociales no pertenecen al partido.

Pero sus operadores salen de Bienestar y caminan directamente hacia las candidaturas. En el viejo PRI eso se llamaba maquinaria electoral; en la 4T pretenden venderlo como coincidencia.