Pedófilos del Bienestar: El círculo obscuro que Cruz no puede, ni quiere esconder

Cruz Pérez Cuéllar busca gobernar Chihuahua mientras mantiene cerca a Jaime Enríquez, operador político y suegro del alcalde con licencia, acusado públicamente por su propia hija de violación desde la infancia. El caso no aparece aislado: también pesa el antecedente de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, a quien Cruz reconoció públicamente antes de que fuera condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores.

Quien pretende gobernar Chihuahua no puede pedir confianza pública mientras su círculo político carga señalamientos que golpean directamente la autoridad moral de cualquier proyecto.

Ese es el punto.

No se trata de una anécdota familiar, de un ataque de campaña ni de un expediente viejo que pueda archivarse por conveniencia electoral. Se trata de una pregunta elemental para cualquier persona que aspire a dirigir un estado marcado por décadas de violencia contra mujeres, niñas y niños:

¿Qué clase de poder se construye cuando figuras señaladas por acusaciones sexuales gravísimas siguen orbitando alrededor del proyecto político?

La pregunta vuelve a colocarse sobre Cruz Pérez Cuéllar por su cercanía con Jaime Enríquez Ordóñez, padre de Rubí Enríquez, esposa del alcalde con licencia, y operador dentro del entorno que ha acompañado su promoción política rumbo al Gobierno del Estado.

Enríquez no es un simpatizante lejano ni un nombre perdido entre la multitud. Ha sido presentado en el círculo de Cruz como pieza de operación, representación y enlace político. Ese papel vuelve inevitable revisar el señalamiento que lo persigue desde 2016.

La acusación pública de Perla Enríquez

En agosto de 2016, Perla Cristal Enríquez acusó públicamente a su padre, Jaime Enríquez Ordóñez, de haberla violado desde que tenía siete años. En ese momento, Enríquez ocupaba la Dirección de Tránsito y Vialidad en Chihuahua durante el gobierno de César Duarte. El caso trascendió a medios nacionales por la gravedad del testimonio y por tratarse de un funcionario público en activo.

De acuerdo con el reporte publicado entonces, Perla sostuvo que había callado por miedo durante años y que su padre habría intentado comprar su silencio ofreciéndole dinero. También anunció públicamente su intención de presentar una denuncia penal.

El testimonio fue demoledor porque no hablaba de un conflicto ordinario entre familiares. Hablaba de abuso sexual desde la infancia, de daño prolongado y de una víctima que decidió exponer lo que, según sus propias palabras, ya no debía ocultarse.

“Mi preocupación primera fue darlo a conocer”.

Esa frase sigue siendo una acusación contra el silencio, contra la protección política y contra la costumbre de esconder a personajes incómodos cuando pertenecen al círculo del poder.

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El problema político de Cruz

El señalamiento contra Jaime Enríquez no convierte automáticamente a Cruz Pérez Cuéllar en responsable de los hechos denunciados por Perla. La responsabilidad penal corresponde a las autoridades y debe acreditarse conforme a derecho.

El problema de Cruz es político, ético y público: mantener cerca de su proyecto a una figura marcada por una acusación de esa gravedad.

En Chihuahua, donde la violencia contra mujeres y menores no es discurso sino herida histórica, no basta con esconderse detrás de parentescos o cálculos electorales. Un aspirante a gobernador debe explicar qué estándar exige a quienes lo representan, lo acompañan y operan en su nombre.

No se puede pedir el voto hablando de transformación mientras se normalizan zonas oscuras dentro del propio círculo.

La sociedad tiene derecho a preguntar si una persona públicamente señalada por violencia sexual desde la infancia puede seguir actuando como figura de influencia política sin una explicación de fondo, sin deslinde claro y sin que el proyecto que lo arropa asuma costo alguno.

El antecedente Naasón

El caso Jaime Enríquez no es el único antecedente que vuelve delicado el entorno de Cruz Pérez Cuéllar. En 2018, cuando era senador, Cruz entregó en Ciudad Juárez un reconocimiento público a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, por su supuesta labor social. Ese acto fue recordado en 2019, cuando Naasón ya enfrentaba acusaciones en California por delitos como trata de personas, pornografía infantil y violación de menores.

Años después, el caso dejó de ser acusación y pasó a condena. En junio de 2022, la Fiscalía de California informó que Naasón Joaquín García se declaró culpable y fue condenado por múltiples delitos sexuales contra menores. La autoridad estatal precisó que la condena involucró agresiones sexuales contra tres víctimas menores de edad.

El expediente no terminó ahí. En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado federal acusó a García por producción y posesión de material de abuso sexual infantil; esa causa federal debe resolverse en tribunales y conserva la presunción de inocencia, pero confirma que el caso siguió creciendo por su gravedad.

En 2025, fiscales federales de Nueva York acusaron a Naasón y otros cinco señalados dentro de una presunta red de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil vinculada a La Luz del Mundo. El Departamento de Justicia describió una acusación por explotación de integrantes de la iglesia, incluidos menores; esas imputaciones también deberán probarse en corte.

Este punto exige precisión: no se afirma que Cruz haya participado en los delitos de Naasón ni que conociera entonces lo que después se acreditó judicialmente. Lo que sí puede cuestionarse es el criterio político de haber legitimado públicamente a un líder religioso que después fue condenado por delitos sexuales contra menores.

La política puede equivocarse una vez.

Pero cuando el círculo vuelve a tocar el mismo territorio —poder, abuso, silencio, menores, acusaciones sexuales y protección pública— la pregunta deja de ser anecdótica.

Empieza a ser patrón de criterio.

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El peligro de normalizar lo inaceptable

Cruz Pérez Cuéllar ha construido su proyecto estatal entre discursos de justicia, transformación y cercanía con la gente. Pero un proyecto político no se mide únicamente por lo que dice en el templete. También se mide por los personajes que tolera, por los silencios que administra y por las sombras que decide cargar.

Jaime Enríquez fue acusado públicamente por su hija de violación desde la infancia. Naasón Joaquín García recibió un reconocimiento de Cruz y después fue condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores.

Son hechos distintos, con contextos distintos y responsabilidades distintas.

Pero juntos dibujan un entorno demasiado grave para ser tratado como casualidad política o daño colateral de campaña.

En un estado donde miles de familias han exigido justicia por mujeres y menores violentados, ningún aspirante puede darse el lujo de responder con evasivas, minimizar acusaciones o esconder nombres incómodos detrás de la estructura partidista.

Morena también debe responder

El problema ya no recae solamente en Cruz. También alcanza a Morena.

El partido que presume superioridad moral, defensa de víctimas y transformación de la vida pública debe explicar qué filtros aplica cuando uno de sus aspirantes más visibles en Chihuahua mantiene cerca a una figura con acusaciones de violencia sexual infantil y arrastra además el antecedente de haber reconocido públicamente a un líder religioso condenado por delitos sexuales contra menores.

No se trata de linchar.

Se trata de exigir coherencia.

Morena no puede hablar de mujeres, niñas, justicia y dignidad mientras permite que estos nombres se diluyan entre campañas, eventos y cálculos electorales.

La pregunta es directa:

¿Qué estándar ético exige Morena a quienes quieren gobernar Chihuahua?

Si la respuesta es silencio, el silencio ya es respuesta.

Lo que Cruz debe aclarar

Cruz Pérez Cuéllar debe decir si Jaime Enríquez sigue participando en su proyecto político, qué papel desempeña, qué representación ejerce y por qué una acusación pública de esa gravedad no ha ameritado un deslinde claro ante la sociedad chihuahuense.

También debe explicar qué aprendizaje político dejó el reconocimiento entregado a Naasón Joaquín García y por qué su trayectoria vuelve a cruzarse con figuras colocadas alrededor de acusaciones, condenas o expedientes de abuso sexual, menores y poder.

La confianza pública no se exige.

Se gana.

Nadie que pretenda gobernar Chihuahua puede pedirle a la sociedad que ignore estos antecedentes solo porque resultan incómodos para una candidatura.

Para llevar…

Jaime Enríquez Ordóñez fue acusado públicamente por su hija Perla Cristal Enríquez de haberla violado desde que era niña. Años después, sigue apareciendo como figura cercana al entorno político y familiar de Cruz Pérez Cuéllar.

Cruz también carga el antecedente de haber entregado un reconocimiento público a Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, quien posteriormente fue condenado en California por delitos sexuales contra menores.

No son casos iguales.

No implican las mismas responsabilidades.

Pero juntos forman un contexto político peligroso que Cruz y Morena no pueden seguir ignorando.

Quien quiere gobernar Chihuahua debería empezar por limpiar su propio círculo.

Pero si se ve como pato, camina como pato y hace como pato…

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