Opacidad y poder: el presupuesto de casi mil millones que rodea a Adán Augusto López en el Senado

Ciudad de México. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, enfrenta uno de los señalamientos más graves por opacidad y posible corrupción en la actual legislatura, tras revelarse un incremento de más de 11 mil por ciento en una partida presupuestal de manejo discrecional, sin mecanismos claros de fiscalización.

La partida, correspondiente al Capítulo 4000 —“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”— pasó de 8 millones de pesos en 2024 a 894 millones en 2025, quedando bajo el control directo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano presidido por el propio López. Legisladores de oposición han advertido que estos recursos no son auditables, lo que revive prácticas similares a las antiguas partidas secretas, oficialmente erradicadas en gobiernos anteriores.

El crecimiento desproporcionado del fondo contrasta con el recorte o vaciamiento de partidas destinadas a inversión pública, lo que ha encendido alarmas sobre el uso real del dinero y su posible destino político. Hasta los propios morenistas han acusado que los recursos podrían utilizarse para comprar lealtades, operar políticamente y financiar actos anticipados de campaña, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y combate a la corrupción que Morena enarbola públicamente.

Lejos de ofrecer explicaciones técnicas o transparentar el destino del dinero, Adán Augusto López ha descalificado las acusaciones, calificándolas de “infamia”, sin detallar por qué una partida opaca requiere casi 900 millones de pesos del erario.

El caso exhibe una doble moral en el discurso oficial y refuerza la percepción de que el combate a la corrupción no aplica cuando se trata del poder interno. La exigencia ciudadana y legislativa es clara: auditoría, rendición de cuentas y transparencia total. El silencio institucional solo profundiza la sospecha.

¿Más recursos para la campaña de Andrea Chávez?

EDurante las campañas anticipadas de la Senadora Andrea Chávez se han encontrado la existencia de contratos públicos por más de MXN 2 mil 500 millones a una empresa y a un empresario que, además de prestar bienes y servicios en materia de salud, hace construcción de obra pública en diversos estados co recursos de dudosa procedencia.

La senadora por Chihuahua, acusada de utilizar a Adán Augusto López para progresar en la política, recorre el estado de Chihuahua en abierta campaña, con unas caravanas de la salud pagadas por el empresario Fernando Padilla Farfán.

Quiere ser gobernadora, sueña, y echa mano de cualquier artimaña para promoverse, en clara violación a la ley.

Padilla Farfán es un empresario ligado al ex gobernador de Tabasco que ha recibido, contratos de los gobiernos de Chiapas, donde Rutilio Escandón, ex cuñado de Adán Augusto, era el mandatario, y de Tabasco, donde el sugar de la política ocupó la gubernatura.

Chávez, cínica, utiliza mañosamente las emociones de los gobernados para asumirse como víctima de estas acusaciones. La realidad es que está obsesionada con ser gobernadora y meter a los empresarios tabasqueños ligados al Cártel de la Barredora a contratos jugosos pero ahora en Chihuahua de llegar a la gubernatura, y aunque la elección es hasta 2027 ya se ha descarado sin importarle violar la ley.

Adán Augusto, ex gobernador de Tabasco, ex secretario de Gobernación y amigo de Andrés Maniuel López Obrador, está dispuesto a impulsar a Chávez hasta donde le alcance y la apuesta es mayor. Chávez y el narcotráfico es lo peor que podría pasarle al estado no sólo por su inexperiencia, sino porque es una mujer a la que a sólo le interesa continuar enriqueciendo a su familia que cobra millones en puestos de relevancia en el Gobierno Federal actualmente.