Morena vs. Morena | “De ‘traidora’ a ‘víctima’: Diputados de Morena en jaque por Acoso y Violencia Política de Género contra Adriana Terrazas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), revocó la sentencia de la Sala Regional Guadalajara en la que ordenó al Tribunal Electoral de Chihuahua resolver la denuncia presentada por la entonces presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, en contra del coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, por violencia política de género

Desde finales de 2022 y al aceptar la postulación de PAN y PRI como presidenta del Congreso en el segundo año de la legislatura anterior, los miembros de la bancada de Morena intentaron expulsar de la bancada y del partido a Adriana Terrazas.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), revocó la sentencia de la Sala Regional Guadalajara en la que ordenó al Tribunal Electoral de Chihuahua resolver la denuncia presentada por la entonces presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, en contra del coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, por violencia política de género.

Desde finales de 2022 y al aceptar la postulación de PAN y PRI como presidenta del Congreso en el segundo año de la legislatura anterior, los miembros de la bancada de Morena intentaron expulsar de la bancada y del partido a Adriana Terrazas. La presidencia correspondía a los legisladores guindas, pero exigían respeto a su derecho de elección, que en ese caso sería Benjamín Carrera.

Desde entonces las relaciones entre Terrazas Porras y sus compañeros se volvieron ríspidas y fue relegada del equipo de legisladores de izquierda, hechos que documentó durante un año hasta que, a finales de agosto de 2023, anunció que presentaría una denuncia en contra de Estrada Sotelo y toda la fracción de Morena por violencia de género en su contra.

En respuesta, el 31 de agosto de 2023, el coordinador Estrada informó el inicio de un proceso en la Comisión de Honor y Justicia para expulsar a la diputada del partido; sin embargo, la propuesta se topó con el respaldo del presidente del partido, Mario Delgado, hacia Terrazas.

El 20 de marzo de 2024 el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua turnó el asunto de 4 mil hojas en tres tomos al magistrado Hugo Molina, quien luego de un análisis de pruebas, testimonios y acusaciones, presentó un proyecto mediante el cual exponía que a su criterio, diputadas y diputados de la fracción de Morena habían incurrido en actos de violencia política de género en contra de la presidenta del Congreso.

El 30 de marzo, la magistrada presidenta del Tribunal, Roxana García, y el magistrado en funciones, Gabriel Sepúlveda, coincidieron en sancionar sólo al coordinador de Morena, por considerar que en los hechos narrados y las pruebas integradas al expediente por violencia política de género, no existían elementos suficientes para fincar responsabilidad a las y los diputados de la fracción.

El caso pasó a la Sala Guadalajara, instancia que el 9 de mayo siguiente indicó que debía ser el Tribunal de Chihuahua el que revisara la sentencia, la revocara y emitiera una nueva, rechazando la sanción al coordinador, decisión que la parte acusatoria impugnó para llevar el caso a Sala Superior del Tepjf, máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia.

Con voto mayoritario de tres de los magistrados de la Sala Superior, el tribunal revocó la absolución y reabrió el caso, expediente SUP-REC-22328/2024, en el que la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, emitieron voto particular en contra del proyecto que considera que la Sala Guadalajara faltó a su deber de juzgar la problemática desde un análisis integral y contextual, aplicando la reversión de la carga de la prueba sin una metodología de perspectiva de género.

A juicio de los magistrados, la Sala Regional estudió los hechos denunciados de manera fragmentada, lo cual impidió establecer un patrón de exclusión por motivos de género, que la diputada Terrazas denunció.

Tal patrón, de acuerdo con la denuncia, se muestra en la exclusión en eventos públicos y en publicaciones en redes sociales del grupo, así como el hecho de no convocarla a reuniones o excluirla en sus iniciativas y, finalmente, en su expulsión del grupo legislativo, entre otros.

“Estoy convencida que la sala responsable omitió identificar si existía un patrón de exclusión dirigido a invisibilizar la funciones que desempeña la recurrente en el cargo legislativo que representaba de cara a la vida pública, por ello se ordena que la sala emita una nueva determinación a partir de un análisis integral y contextual de cada uno de los hechos denunciados para poder identificar una posible violación a sus derechos a participar en cargos públicos y una invisibilización que se traduzca en violencia simbólica”, fueron las palabras de la magistrada presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, al emitir su voto a favor del proyecto.