Escándalo en Pemex vuelve a sacudir el tablero político: el nombre de Adán Augusto López emerge en investigación en EE.UU.

Washington / Ciudad de México — Un nuevo terremoto político y judicial sacude a Petróleos Mexicanos (Pemex). La investigación por corrupción que enfrenta la petrolera en tribunales de Estados Unidos no solo involucra a sobornos millonarios y lujosos regalos, sino que ahora salpica, aunque de forma indirecta, a una de las figuras más influyentes del obradorismo: Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y uno de los hombres más cercanos al poder presidencial.

Según una acusación formal presentada por fiscales federales en Texas, los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, habrían orquestado un esquema de sobornos entre 2019 y 2021 para asegurar contratos con Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP) por un valor de 2.5 millones de dólares. Las dádivas incluyeron más de 150 mil dólares en efectivo, relojes Hublot y artículos de lujo Louis Vuitton.

Rovirosa Martínez ya fue arrestado y presentado ante un juez federal en Houston; Ávila Lizárraga sigue prófugo. Ambos enfrentan cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que contempla hasta cinco años de prisión por cada delito.

El vínculo político que prende las alarmas.

Un reportaje de Infobae reveló que Rovirosa mantiene vínculos con el empresario Omar Vargas, quien habría constituido una de sus empresas mediante una notaría encabezada por Adán Augusto López cuando este ejercía en Tabasco. Esa conexión, según la investigación, habría sido clave en operaciones comerciales vinculadas a Pemex.

Aunque López Hernández no enfrenta cargos formales, la mención de su nombre en un caso de corrupción internacional ha detonado especulaciones y tensiones políticas, sobre todo por su peso dentro de Morena y su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un frente judicial y otro político

Este proceso forma parte de la ofensiva de las autoridades estadounidenses —impulsada en su momento por el expresidente Donald Trump— contra redes de corrupción transnacional que afectan contratos estatales y pueden servir de vehículo para lavado de dinero ligado al crimen organizado.

En México, la Presidencia ordenó revisar todos los contratos de Pemex relacionados con los acusados. La petrolera, por su parte, ha guardado silencio frente a las solicitudes de información.