ENCUBRIMIENTO 4T: Sheinbaum cierra la puerta a investigar a Rafael Ojeda en el caso Farías Laguna por huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió descartar públicamente cualquier línea de investigación contra el almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina de AMLO, pese a que el caso del huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos, los hermanos Farías Laguna, sigue exhibiendo un patrón que México ya conoce: caen mandos medios… y el techo se vuelve intocable.

En su conferencia matutina de este 19 de febrero de 2026, Sheinbaum aseguró que “no hay líneas de investigación” contra Ojeda y que la indagatoria se mantiene enfocada en la red de contrabando de combustible (“huachicol fiscal”).

El problema no es solo lo que dijo. Es lo que implica: si el propio gobierno fija desde Palacio el “hasta aquí”, la pregunta inevitable es quién está protegiendo a quién.

La trama: sobrinos, Marina, aduanas y un esquema millonario

Los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna han sido señalados por investigaciones judiciales y periodísticas como presuntos líderes de una red de contrabando de combustible con participación de elementos de la Marina y vínculos en aduanas, mediante importaciones ilegales que evadían impuestos —el llamado huachicol fiscal.

El caso, además, tiene un dato políticamente explosivo: los Farías Laguna son sobrinos políticos del almirante Ojeda Durán (tío por vínculo familiar).

Y si esto fuera poco, una investigación periodística de El País documentó que dentro de la investigación aparecen señalamientos de que los líderes “supuestamente estaban respaldados” por Ojeda, además de imputaciones graves asociadas a delincuencia organizada y delitos fiscales.

Lo que Sheinbaum dice vs lo que la evidencia sugiere

1) La postura oficial: “Ojeda no está investigado”

Sheinbaum negó que exista investigación contra Ojeda, incluso después de que se difundieran audios y nuevos elementos públicos sobre el caso.

2) El contexto que incomoda: audios, advertencias y un asesinato

De acuerdo con El País, un audio revelado recientemente mostraría que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar advirtió a Ojeda sobre las actividades ilícitas de sus sobrinos; meses después, Guerrero fue asesinado.
Además, un documento legislativo (punto de acuerdo en Cámara de Diputados) también refiere comunicaciones/denuncias y menciona ese episodio como parte del contexto del caso.

3) La coartada: “Ojeda denunció hace dos años”

Desde septiembre de 2025, Sheinbaum sostuvo que Ojeda había denunciado la corrupción con anterioridad, y que eso formaba parte del origen del caso.
Pero incluso si eso fuera cierto, no responde la pregunta central:
¿cómo operó una red de esta magnitud dentro de un aparato militarizado de aduanas sin responsabilidades al nivel más alto?

El punto ciego: justicia selectiva y la regla del “sin arriba”

La defensa de los Farías Laguna ha buscado que el caso pase a justicia militar, otra señal de lo que está en juego: quién controla el expediente y qué tanto se abre a escrutinio civil.

En paralelo, el caso no se sostiene en “chismes” sino en un patrón documentado: redes que requieren control institucional, no solo “malos elementos”. Cuando el gobierno decide desde micrófono que no se investiga al exsecretario, el mensaje que baja es devastador: la responsabilidad termina donde empieza el poder.

Preguntas que Sheinbaum no respondió

1. Si la red involucraba mandos navales y posiciones aduanales clave, ¿quién autorizó, toleró o dejó pasar nombramientos y movimientos?
2. ¿Por qué, si hubo advertencias internas, no se activaron controles efectivos hasta que el caso explotó públicamente?
3. ¿Cómo se garantiza que la investigación no se “encapsule” si desde Presidencia se declara intocable al exsecretario?

Para llevar…

Cuando Sheinbaum afirma “no hay líneas de investigación” contra Ojeda, no está informando: está delimitando. En un caso donde los presuntos líderes son familia política del exsecretario, huele a lo mismo de siempre: control de daños, cierre de filas y justicia a la medida.

Porque si el huachicol fiscal tuvo protección, estructura y logística, entonces la pregunta no es si hubo “sobrinos corruptos”. La pregunta es si hubo —o no— un pacto institucional para permitirlo.

En México, los pactos son la forma elegante de llamar al encubrimiento.