El colapso del discurso moral: La 4T, a examen por la justicia de EE. UU. tras nexos con el narco

La narrativa de “honestidad valiente” y la supuesta superioridad moral de la Cuarta Transformación han recibido su golpe más demoledor. Con la confirmación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las solicitudes de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su círculo cercano, México se enfrenta a una realidad ineludible: la sombra del narcotráfico se proyecta directamente sobre las oficinas gubernamentales de Sinaloa.

Lo que resulta particularmente condenable no es solo la gravedad de las acusaciones por narcotráfico y uso de armas de fuego de alto calibre, sino la respuesta del aparato estatal. Mientras el gobierno federal pregona una lucha contra la corrupción, la Cancillería se apresura a enviar “extrañamientos” a Estados Unidos, quejándose más de la filtración de la noticia que del fondo del asunto: que sus cuadros políticos de más alto nivel en Sinaloa están siendo requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La doble moral del poder

La lista de los implicados es un quién es quién del poder sinaloense bajo las siglas de Morena:

• Rubén Rocha Moya: El gobernador que juró pacificar el estado, hoy señalado como pieza clave operativa.
• Enrique Inzunza Cázarez: El senador que, desde la máxima tribuna del país, legislaba mientras —según la justicia estadounidense— mantenía vínculos con facciones criminales.
• Juan de Dios Gámez Mendívil: El alcalde de la capital, Culiacán, el corazón del territorio en disputa.
• Gerardo Mérida Sánchez: El encargado de la Seguridad Pública, lo que representaría la entrega total de las instituciones de fuerza al crimen organizado.

Completan esta “lista de la vergüenza” figuras como el exsecretario de finanzas Enrique Díaz Vega, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, y mandos policiales como Marco Antonio Almanza, junto a operadores identificados como “El Cholo” y “Tornado”.

Una protección institucional bajo sospecha

Es aquí donde la doble moral se hace evidente. El discurso oficial de “abrazos, no balazos” adquiere un tinte siniestro cuando la FGR y la SRE argumentan falta de “elementos probatorios suficientes“, actuando más como una defensa jurídica de partido que como instituciones de justicia independientes.

El pueblo mexicano asiste a un espectáculo cínico: un gobierno que utiliza la soberanía como escudo para proteger a presuntos criminales de cuello blanco y uniforme oficial, mientras el estado de Sinaloa permanece sumido en la violencia que estos mismos nexos habrían fomentado. La pregunta ya no es si existen vínculos con el narcotráfico, sino hasta dónde llega la red de protección en las más altas esferas de la política nacional.