Del predial al DESPOJO y el remate: el negocio inmobiliario del clan Pérez Cuéllar

Testimonios coincidentes señalan que dos inmobiliarias vinculadas con el entorno de Cruz y Alejandro Pérez Cuéllar se habrían beneficiado de viviendas recuperadas, desalojadas o colocadas nuevamente en el mercado. Los nombres han sido escondidos. El patrón, no.

La pregunta es tan sencilla como incómoda:

¿Quién termina quedándose con las casas de las familias que pierden su patrimonio por adeudos, desalojos o procedimientos municipales?

En Ciudad Juárez, el Gobierno Municipal cobra el predial, embarga propiedades y ejecuta remates.

Hasta ahí, dirán, todo es legal.

El problema comienza cuando las viviendas salen de las manos de familias vulnerables y terminan convertidas en mercancía para intermediarios privados relacionados con el poder.

Dos inmobiliarias bajo la mesa

Los testimonios apuntan hacia dos empresas inmobiliarias vinculadas con el círculo de Cruz Pérez Cuéllar y su hermano Alejandro.

La operación habría sido protegida mediante terceros, socios visibles, operadores y razones sociales que evitan colocar directamente los apellidos Pérez Cuéllar en los documentos.

El viejo truco:

• El político no aparece.
• El hermano tampoco.
• Los amigos, colaboradores y posibles prestanombres hacen el trabajo.

Negar la propiedad formal de una empresa no aclara quién la controla, quién recibe las ganancias ni quién le abre las puertas desde el Gobierno Municipal.

La ruta de las casas

El esquema descrito por afectados y organizaciones sigue una secuencia precisa:

1. Familias ocupan viviendas abandonadas, las limpian y las rehabilitan.
2. El Municipio identifica al ocupante, la situación jurídica del inmueble, sus adeudos y su nivel de vulnerabilidad.
3. Aparecen las presiones para regularizar, pagar o abandonar.
4. En algunos casos llegan los desalojos.
5. En otros, los embargos y remates.
6. La propiedad regresa al mercado mediante una inmobiliaria y con un precio muy superior.

La familia pierde la casa.
El intermediario encuentra el negocio.

Vivienda social con precio de mercado

Las sospechas aumentaron cuando se denunció que viviendas destinadas originalmente a familias de escasos recursos terminaron ofrecidas por cantidades mucho mayores.

De acuerdo con señalamientos públicos, algunas casas entregadas al Municipio mediante programas de vivienda social, valuadas alrededor de 150 mil pesos, habrían sido revendidas hasta en 500 mil pesos.

La diferencia no es menor.

Tampoco es caridad.

• Alguien compró barato.
• Alguien vendió caro.
• Alguien autorizó la participación de inmobiliarias.
• Alguien cobró la comisión.

Información pública convertida en ventaja privada

El Gobierno Municipal posee información que cualquier empresario inmobiliario desearía tener:

• Datos catastrales.
• Adeudos de predial.
• Situación jurídica de los inmuebles.
• Identidad y capacidad económica de los ocupantes.
• Propiedades abandonadas.
• Procedimientos de embargo.
• Fechas de remate.

En manos de una autoridad honesta, esa información sirve para cobrar impuestos y regularizar patrimonios.

En manos de intereses privados, se convierte en un catálogo de oportunidades.

Ahí está el centro del caso.

No basta con revisar quién aparece formalmente como propietario de una inmobiliaria.

Hay que cruzar:

• Socios y apoderados.
• Compradores y postores.
• Notarios y domicilios.
• Operadores políticos.
• Cambios de propietario.
• Beneficiarios finales.

El hermano que no necesita oficina

Alejandro Pérez Cuéllar no necesita un escritorio dentro del Ayuntamiento para ejercer influencia.

Su círculo político ha recibido contratos municipales millonarios durante las administraciones de Cruz.

Ese antecedente no prueba por sí mismo la existencia del presunto negocio inmobiliario.

Sí demuestra que colaboradores cercanos al hermano han tenido acceso a oportunidades pagadas por el Gobierno Municipal.

Por eso Cruz debe explicar si ese mismo círculo aparece en compras, remates, reventas o intermediación de viviendas.

Las preguntas que siguen abiertas

Cruz Pérez Cuéllar quiere gobernar Chihuahua.

Antes debe responder en Juárez:

• ¿Cuántas viviendas embargó o remató su administración?
• ¿Quiénes las compraron?
• ¿Qué inmobiliarias participaron?
• ¿Cuánto pagaron?
• ¿En cuánto fueron revendidas?
• ¿Qué relación tienen los compradores con Alejandro Pérez Cuéllar?
• ¿Quién controla las dos inmobiliarias señaladas?
• ¿Cuántas operaciones involucran a familiares, colaboradores o intermediarios cercanos?

La respuesta no puede limitarse a decir que los hermanos no aparecen como socios.

El poder rara vez firma con su propio nombre.

Para llevar…

Los testimonios describen un presunto esquema en el que el Municipio identifica propiedades vulnerables, presiona a sus ocupantes y facilita que las casas regresen al mercado mediante intermediarios privados.

Las dos inmobiliarias señaladas permanecen protegidas detrás de terceros.

Los beneficiarios finales siguen ocultos.

El resultado es brutalmente claro:

A la familia humilde le cobran hasta quitarle la casa.

El círculo de los Pérez Cuéllar convierte el despojo en otro gran negocio.