Trayectorias “impecables” Vs. Expedientes impresentables

Ariadna Montiel prometió cerrarles el paso a la corrupción, el influyentismo y el uso electoral de recursos públicos. El primer examen de esos filtros llegó a Chihuahua: Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar ya se registraron entre campañas anticipadas, contratos cuestionados, nóminas polémicas y cuentas públicas bajo sospecha.

Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar levantaron orgullosos sus constancias de registro rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

La fotografía quedó impecable:

Trajes elegantes, sonrisas, documentos oficiales y los logotipos de Morena, PT y Partido Verde.

Lo único que no apareció en la imagen fueron sus expedientes.

Apenas en mayo, Ariadna Montiel llegó a la dirigencia nacional de Morena con una promesa contundente:

“En la Cuarta Transformación no hay cabida para corruptos”.

También exigió que quienes buscaran una candidatura acreditaran una “trayectoria impecable”.

El partido anunció filtros para revisar:

• Antecedentes judiciales y posibles vínculos criminales.
• Casos de nepotismo e influyentismo.
• Uso electoral de recursos públicos.
• Violencia familiar, sexual o política de género.
• Promoción anticipada y campañas ostentosas.
• Conflictos de interés y señalamientos de corrupción.

Andrea y Cruz todavía no son candidatos. Su registro únicamente les permite entrar al proceso interno.

Tampoco existe una sentencia por corrupción contra ellos.

La falta de condena, sin embargo, no convierte automáticamente una trayectoria en impecable.

Andrea: asistencia médica con nombre de candidata

Andrea Chávez recorrió Chihuahua mediante caravanas y unidades médicas que exhibían su nombre, rostro y cargo.

La senadora sostuvo que se trataba de servicios gratuitos financiados por particulares para atender comunidades abandonadas.

Las autoridades electorales detectaron un posible beneficio político y ordenaron retirar cautelarmente su imagen de los vehículos mientras se investigaban denuncias por promoción personalizada y actos anticipados de campaña.

El procedimiento no terminó en una condena definitiva contra Andrea.

Tampoco borró la pregunta central:

¿Eran brigadas de salud o una campaña electoral disfrazada de asistencia médica?

Antes de registrarse formalmente, Andrea ya tenía:

• Unidades recorriendo el estado con su nombre.
• Casas de enlace y estructuras territoriales.
• Bardas, encuestas y publicidad digital.
• Una exposición permanente rumbo a 2027.

Su solicitud llegó esta semana. Su campaña llevaba meses en movimiento.

Diez asesores para producir una candidatura

La maquinaria territorial contrasta con su trabajo en el Senado.

Una investigación basada en declaraciones patrimoniales y datos oficiales documentó al menos diez personas contratadas como asesoras de Andrea Chávez.

Entre sus funciones aparecieron la operación de casas de enlace, logística, eventos, comunicación, fotografía y producción de videos.

En aproximadamente 14 meses, la senadora registró ocho iniciativas propias. Solo una había sido aprobada al momento de la revisión.

Andrea respondió que cuenta con el mismo techo presupuestal que otros senadores y que el trabajo legislativo no se mide únicamente mediante iniciativas aprobadas.

La pregunta política permanece:

¿El equipo fue contratado para producir leyes o para producir a Andrea Chávez?

Cruz: contratos para colaboradores del hermano

El expediente más incómodo de Cruz Pérez Cuéllar surgió de una investigación periodística sobre la obra pública municipal.

Dos colaboradores políticos cercanos a Alejandro Pérez Cuéllar —hermano del entonces alcalde y actual diputado federal— recibieron 20 contratos del Gobierno de Ciudad Juárez entre 2021 y 2025.

El monto acumulado se acercó a los 74 millones de pesos.

Uno de los beneficiarios comenzó a contratar como persona física sin experiencia previa acreditada en construcción, utilizando maquinaria rentada y respaldándose en la cédula profesional de una colaboradora que posteriormente también obtuvo contratos.

Ambos participaron en actividades políticas y electorales relacionadas con Alejandro Pérez Cuéllar.

Cruz negó irregularidades. Argumentó que los proveedores tenían derecho a competir y minimizó el monto frente al presupuesto total del Municipio.

Su defensa no responde la pregunta principal:

¿Cómo terminaron colaboradores políticos de su hermano convertidos en contratistas recurrentes del gobierno encabezado por él?

Puede no existir una sentencia.

Puede incluso haberse cumplido formalmente con los procedimientos.

Eso no elimina el posible conflicto de interés ni el aroma de influyentismo que Morena aseguró que investigaría.

El adeudo fiscal que terminó en el Congreso

Cruz también tuvo que comparecer ante diputados locales por adeudos relacionados con retenciones de Impuesto Sobre la Renta no entregadas oportunamente al SAT.

El alcalde sostuvo que el problema provenía de administraciones anteriores y correspondía a ejercicios de 2017, 2019, 2020 y parte de 2021.

Afirmó que su gobierno pagó 236 millones de pesos para regularizar la situación y negoció el saldo restante mediante estímulos fiscales.

La explicación impide atribuirle personalmente el origen de todo el adeudo.

No elimina el costo político:

una administración que presumía orden financiero terminó rindiendo cuentas por cientos de millones de pesos retenidos y acumulados.

Cruz asegura que heredó el problema.

Sus adversarios cuestionan por qué tardó años en transparentarlo y resolverlo.

El alcalde que pidió tres años y entregó uno

Cruz fue reelecto en 2024 para gobernar Ciudad Juárez hasta 2027.

En junio de 2026 dejó la Presidencia Municipal para dedicarse a buscar la gubernatura.

Se marchó hablando de “deber cumplido”, aunque faltaba más de un año de su segundo mandato.

La separación es legal.

El problema es político y moral.

Pidió nuevamente el voto para gobernar Juárez.

Utilizó la reelección para consolidar su estructura.

Dejó el Ayuntamiento en manos de su grupo y salió a recorrer Chihuahua cuando la candidatura estatal se convirtió en prioridad.

Juárez no fue el destino.

Fue el trampolín.

Morena contra Morena

Andrea y Cruz también llegan al proceso envueltos en una guerra interna.

Cruz acusó al entorno de Andrea de promover una campaña mediática para descarrilarlo. Aseguró tener identificadas cuentas que celebran a la senadora mientras lo atacan y anunció que entregaría la información a la dirigencia nacional.

No ha presentado públicamente pruebas que demuestren una instrucción directa de Andrea.

Lo comprobable es que militantes de Morena protestaron contra Cruz afuera del Congreso, lo llamaron corrupto y lo recibieron con pancartas.

Morena prohíbe los ataques entre aspirantes.

Sus dos principales competidores en Chihuahua ya se tratan como enemigos.

Uno denuncia guerra sucia.

La otra construye estructuras, encuestas y promoción.

Ambos firman acuerdos de unidad mientras sus equipos se despedazan.

¿Filtro o lavadora?

Ariadna Montiel prometió que los perfiles serían investigados por instancias partidistas, autoridades de seguridad y organismos de inteligencia financiera y fiscalización.

La prueba comienza ahora.

Para revisar a Andrea no basta solicitar una carta de antecedentes no penales. Morena debe esclarecer:

• Quién financió las caravanas médicas.
• Cuánto costaron y quién administró las unidades.
• Cómo se pagaron las casas de enlace y la promoción territorial.
• Qué función cumplían los asesores contratados por el Senado.
• Cuánto se invirtió en publicidad para posicionarla antes del registro.

Para revisar a Cruz debe investigar:

• Los procedimientos utilizados para entregar los 20 contratos.
• Los vínculos entre contratistas y operadores de su hermano.
• Posibles conflictos de interés.
• El origen, manejo y liquidación del adeudo fiscal.
• El uso de la estructura municipal durante su carrera estatal.

Un filtro que únicamente busca sentencias firmes no investiga corrupción: espera a que alguien más la castigue.

Un filtro real sigue el dinero, cruza empresas, revisa relaciones y publica resultados.

Que enseñen los expedientes

Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar ya mostraron sus hojas de registro.

Ahora Morena debe mostrar los resultados de sus investigaciones.

Los chihuahuenses tienen derecho a conocer:

• Qué documentos revisaron.
• Qué empresas y contratos cruzaron.
• Qué información solicitaron a la UIF y a las autoridades fiscales.
• Qué posibles conflictos de interés encontraron.
• Por qué cada aspirante fue admitido o rechazado.
• Qué entiende Morena por una “trayectoria impecable”.

No basta una fotografía sosteniendo un papel.

Morena debe explicar por qué les permitirá seguir sosteniéndolo.

Para llevar…

Ariadna Montiel prometió que la corrupción, el influyentismo y las trayectorias dudosas no tendrían cabida en Morena.

Andrea Chávez llegó al registro después de meses de promoción mediante unidades médicas personalizadas, estructuras territoriales y una nómina legislativa enfocada ampliamente en comunicación e imagen.

Entre muchas, muchas otras cosas, Cruz Pérez Cuéllar llegó después de una investigación por casi 74 millones de pesos en contratos entregados a colaboradores políticos de su hermano, una comparecencia por el adeudo fiscal de Juárez y la decisión de abandonar el mandato para perseguir otro cargo.

Ninguno ha sido condenado por esos señalamientos o ningún otro.

Eso no los vuelve impecables.

Los convierte en la prueba definitiva para saber si el filtro de Morena investiga… o solamente lava.