👁️ El BigBrother de Cruz: millones para vigilar críticas, operar perfiles y neutralizar crisis

El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez contrató servicios digitales que no se limitaban a publicar boletines o administrar redes sociales. Las bases oficiales de la licitación CA-OM-004-2023 incluyen monitoreo de menciones, clasificación de comentarios positivos y negativos, detección de influencias, seguimiento de crisis, automatización de respuestas y creación de perfiles para distribuir contenido. No era comunicación pública: era una maquinaria de control narrativo pagada con dinero de los juarenses.

El gobierno del Depredador de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, no solo gastó millones en propaganda digital.

También dejó documentada una arquitectura para vigilar la conversación pública, identificar menciones al Municipio, clasificar críticas, detectar actores influyentes, intervenir en crisis y distribuir contenido mediante perfiles creados para operar narrativa oficial.

La palabra correcta no es “difusión”.

La palabra correcta es vigilancia digital.

No se trata de afirmar que el Municipio intervino teléfonos, mensajes privados o dispositivos personales. Eso sería otra cosa y tendría que probarse con evidencia distinta. Lo que sí aparece en documentos oficiales es suficientemente grave: el Ayuntamiento contrató herramientas y servicios para observar lo que ciudadanos, páginas, medios e influencers decían sobre el Gobierno Municipal y para actuar sobre esa conversación desde una estructura pagada con recursos públicos.

La licitación CA-OM-004-2023 fue solicitada por la Coordinación de Redes Sociales y se denominó oficialmente “Prestación de Servicio Integral de Difusión y Administración de Redes Digitales para la Gestión y Políticas Públicas del Municipio de Juárez”. El acta de aclaraciones confirma el objeto del procedimiento, la dependencia requirente y que el servicio estaba vinculado directamente con la administración digital del Municipio.

El contrato no era para informar: era para mirar, medir y reaccionar

El anexo técnico de las bases oficiales incluía tareas que rebasan por mucho la administración ordinaria de redes sociales. Entre los servicios solicitados aparecen el monitoreo de menciones al Municipio, la clasificación de comentarios positivos, negativos y neutrales, la identificación de influencers relevantes, el análisis de sentimiento social y la detección de medios o portales positivos y negativos. La misma documentación oficial incluye expresiones como “seguimiento y neutralización de eventos”, dentro de un servicio contratado para redes digitales.

Ese lenguaje importa.

Un gobierno democrático puede monitorear redes para atender reportes ciudadanos, emergencias, quejas de servicios públicos o solicitudes de información. Eso sería legítimo si se hace con transparencia, límites claros y fines de atención pública.

Pero cuando el contrato incorpora clasificación de críticos, detección de actores influyentes, manejo de crisis, neutralización de eventos y operación de perfiles, la comunicación institucional empieza a parecer una sala de guerra.

El ciudadano deja de ser usuario de servicios públicos.

Se convierte en objetivo de monitoreo.

Perfiles, automatizaciones y narrativa oficial

Lo más delicado no es solamente que el Municipio quisiera saber quién lo mencionaba. El problema es que el servicio también contemplaba intervención sobre la conversación digital.

De acuerdo con las bases localizadas, el paquete incluía creación de perfiles para distribución de contenido, implementación de automatizaciones y configuración de respuestas automatizadas. En términos técnicos, eso permite amplificar mensajes, replicar narrativas y reaccionar de manera coordinada ante publicaciones críticas. En términos políticos, huele a granja de operación digital pagada con dinero público.

El matiz es importante: el documento no dice “bots” como tal. Habla de perfiles, automatización, monitoreo y neutralización.

Pero la pregunta pública es inevitable:

¿Por qué un gobierno municipal necesita crear perfiles y automatizar respuestas para defender su narrativa?

Si el objetivo era informar, bastaban cuentas institucionales verificables, campañas transparentes y atención ciudadana real.

Si el objetivo era neutralizar críticas, entonces el asunto cambia por completo.

El costo de vigilar la crítica

La revelación de contratos por 6.6 millones y 6.7 millones de pesos para este tipo de operación digital resulta especialmente ofensiva en una ciudad con servicios públicos rebasados, bomberos con carencias, calles destruidas, colonias abandonadas y una crisis permanente de seguridad.

El problema no es únicamente el monto.

El problema es la prioridad.

Mientras Juárez necesitaba inversión en infraestructura, atención ciudadana y servicios básicos, el gobierno municipal destinaba recursos a vigilar menciones, medir enojo, clasificar narrativas y preparar respuestas automatizadas para defender su imagen.

La operación se vuelve todavía más grave cuando se observa el contexto presupuestal. Una investigación de Noticias 24 documentó que el gasto municipal en redes sociales creció 767.62% durante los gobiernos de Cruz Pérez Cuéllar: de 4.9 millones de pesos en 2021 a más de 42 millones autorizados para 2026. También identificó contratos millonarios para campañas digitales como “Construir un Juárez Mejor”, con proveedores y representantes recurrentes.

Ese no es un gasto menor de comunicación.

Es una política pública de propaganda.

El gobierno que decía odiar los bots

La contradicción política es enfermiza.

Morena ha hecho del discurso contra los bots, la manipulación mediática y la guerra sucia una bandera permanente. Sus dirigentes acusan campañas artificiales cada vez que enfrentan crítica pública. Presumen que en sus gobiernos existe libertad de expresión, cercanía con el pueblo y comunicación directa sin intermediarios.

Pero en Juárez, bajo la administración del narcoalcalde Cruz Pérez Cuéllar, el Municipio contrató servicios para monitorear menciones, clasificar comentarios negativos, detectar actores influyentes, automatizar respuestas y operar perfiles para distribuir contenido.

Eso no es conversación democrática.

Es administración del aplauso y vigilancia del enojo.

El gobierno no solo quería saber qué se decía.

Quería saber quién lo decía, cómo se movía, qué alcance tenía y cómo responderle.

La censura no siempre borra: a veces ahoga

El control de la conversación pública no siempre opera eliminando publicaciones o cerrando cuentas. A veces funciona de forma más discreta: detecta críticas, identifica voceros incómodos, mide el daño, inunda la conversación con una narrativa alterna y reduce el impacto del señalamiento original.

Eso es lo verdaderamente peligroso.

No hace falta encarcelar a un ciudadano para intimidarlo. Basta con que sepa que el gobierno lo monitorea, lo clasifica y tiene recursos públicos para responderle con maquinaria digital.

Cuando un ciudadano denuncia una calle destruida, una falla de servicios, un abuso, una contratación dudosa o una crisis municipal, el deber del gobierno es resolver el problema.

No vigilar al denunciante.

No mapear su influencia.

No neutralizar su publicación.

No activar perfiles para desacreditarlo.

La caballería digital de Cruz

El diseño descrito por las bases permite entender la lógica del aparato: primero se detecta la crítica; después se mide su sentimiento; luego se identifica quién la mueve; finalmente se responde, se automatiza o se neutraliza la narrativa.

Esa secuencia no parece atención ciudadana.

Parece control político.

Por eso este expediente debe escalar más allá del escándalo digital. Debe revisarse desde transparencia, fiscalización, protección de datos, uso de recursos públicos y libertad de expresión.

La rendición de cuentas no puede limitarse a decir que todo fue “comunicación social”.

Comunicación social informa.

Esto vigilaba, clasificaba y operaba.

El verdadero escándalo

El escándalo no es que un gobierno tenga redes sociales.

El escándalo es que destine millones a una operación digital tan banal como peligrosa mientras la ciudad enfrenta problemas urgentes.

Juárez no necesitaba un aparato para medir quién criticaba al Municipio.

Necesitaba un gobierno capaz de responder a esas críticas con soluciones.

No necesitaba perfiles para distribuir propaganda.

Necesitaba servicios públicos.

No necesitaba automatizaciones para crisis.

Necesitaba dejar de producirlas.

Cruz Pérez Cuéllar presumió cercanía con la gente, pero su gobierno contrató mecanismos para vigilar la conversación de esa misma gente cuando hablaba del Municipio.

Ese es el fondo.

La crítica ciudadana no debía ser tratada como amenaza.

Debía ser atendida como alerta.

Para llevar…

El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez contrató servicios digitales que incluían monitoreo de menciones, análisis de sentimiento, clasificación de comentarios, detección de influencias, operación de perfiles, automatizaciones y seguimiento de crisis.

No se ha acreditado intervención privada de teléfonos ni espionaje tipo Pegasus.

Lo que sí está documentado es una forma de vigilancia digital y control narrativo pagada con dinero público.

En una ciudad con carencias graves, resulta aberrante destinar millones a vigilar críticas, fabricar respuestas y administrar la percepción del gobierno.

Cruz no pagó solo por promocionarse en redes.

Pagó por una caballería digital.

Mientras Juárez reclamaba soluciones, el Municipio financiaba una maquinaria para detectar, clasificar y neutralizar el reclamo.