Morena vs. Morena | Brenda Ríos salió a cubrir a las “funcionarias bélicas” de Guadalupe y Calvo… mientras Loera exige destituciones

En Chihuahua, Morena ya no necesita oposición: se está devorando a sí misma. Lo hace con los temas más tóxicos posibles: armas en plena crisis de violencia y pugna por el agua en medio de una guerra política por el control del estado.

El escándalo: funcionarias armadas en Guadalupe y Calvo

La difusión de videos en los que se observa a dos mujeres realizando disparos durante las celebraciones de Año Nuevo en Guadalupe y Calvo provocó una reacción inmediata de indignación pública, particularmente por el contexto de violencia que enfrenta la región.

Las imágenes fueron difundidas desde estados de WhatsApp de Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas del municipio, y Blanca Arleth Marín Escárcega, secretaria particular de la Presidencia Municipal. En los materiales se aprecia a ambas manipulando armas de fuego en un ambiente recreativo.

En uno de los videos, Pizarro Mendívil aparece accionando un arma larga tipo fusil de asalto, al ritmo de música regional. En otro, Marín Escárcega realiza disparos con un arma corta, presuntamente una pistola calibre 9 milímetros, similar a las utilizadas por corporaciones de seguridad.

La exhibición de armamento y detonaciones en un contexto festivo, difundida desde cuentas personales asociadas a servidoras públicas, encendió las críticas ciudadanas al considerarse una conducta imprudente e incompatible con la función pública, especialmente en un municipio golpeado por enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y un clima generalizado de temor..

Mientras la alcaldesa Ana Laura González Ábrego negó que el material corresponda a funcionarias y acusó una campaña de desinformación, el caso escaló a nivel estatal por la reacción de dos figuras clave de Morena.

Las autoridades estatales abrieron investigaciones por la difusión de ese material y el caso se volvió un símbolo de la degradación institucional: la servidora pública posando con poder de fuego mientras la región vive bajo amenaza y prácticamente sitiada.

Brenda Ríos decide cubrir el costo político

En lugar de mantenerse al margen, Brenda Ríos —diputada de Morena y perfil que busca crecer rumbo a la alcaldía de Chihuahua— salió a defender a las funcionarias, denunciando lo que presentó como una campaña de ataques y señalando directamente que le parecía grave que Juan Carlos Loera las estuviera criticando.

Lejos de exigir una investigación exhaustiva o marcar distancia institucional, Brenda Ríos optó por respaldar la narrativa del municipio, cuestionar a quienes pidieron sanciones y denunciar ataques políticos. Su postura fue leída como un intento de blindaje interno, incluso cuando persistían preguntas no respondidas: cómo llegó el video a difundirse desde cuentas asociadas a la funcionaria, si existe peritaje técnico o si se presentaron denuncias por suplantación.

La defensa política, en lugar de disipar dudas, las amplificó.

En síntesis: Brenda no eligió la prudencia institucional. Eligió la trinchera.

Aquí se revela el verdadero tamaño del problema: en Morena, la prioridad no es explicar el hecho, sino controlar el daño y pelear quién se queda con la bandera moral.

Loera: exigir destituciones

En el extremo opuesto, Juan Carlos Loera exigió la destitución de la alcaldesa por no residir en el municipio y de la funcionaria señalada por presunto uso de armas prohibidas, subrayando que la conducta es incompatible con el servicio público en un contexto de violencia extrema. Loera elevó el tono y colocó el caso como prueba de responsabilidad política, no como una anécdota viral.

La respuesta de Juan Carlos Loera no llegó como debate interno: llegó como campaña.

En meses recientes, Loera ha empujado señalamientos contra Brenda Ríos relacionándola con presuntas irregularidades en permisos o concesiones de agua, dentro de lo que en Chihuahua se ha denominado —en el discurso político— como “cártel del agua”.

No es un concepto menor: en Chihuahua, hablar de agua es hablar de poder, negocio, control territorial y supervivencia. Y en un estado en crisis hídrica, esa acusación no es solo un golpe reputacional: es un intento de inhabilitar políticamente a un adversario interno.

La fractura se hace pública

La confrontación se profundizó con reacciones dentro del propio partido. La delegada del Bienestar, Mayra Chávez, respaldó la versión del municipio, mientras Loera sostuvo su exigencia de sanciones. Morena quedó partido en dos: quienes niegan y acusan desinformación frente a quienes piden consecuencias.

La Fiscalía de Chihuahua confirmó que analiza los videos para determinar su veracidad y si el armamento corresponde a uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El desenlace legal sigue abierto; el político, no.

Lo que realmente está en juego

Lo que estamos viendo no es una discusión por valores, ni por legalidad, ni por seguridad. Es una disputa por posiciones. Trata de cómo se ejerce el poder dentro de Morena Chihuahua y quién impone el relato rumbo a 2027.

• Brenda Ríos intenta blindar a “los suyos” y sostener cohesión interna, aunque sea tragándose un escándalo que en cualquier partido sería indefendible.
• Loera usa el expediente del agua como palanca: si la pone contra la pared, le corta el camino a la alcaldía y debilita un grupo rival dentro de Morena.

Mientras tanto, la ciudadanía observa un partido que discute hacia adentro lo que debería resolver hacia afuera: seguridad, responsabilidad y ejemplaridad.

Morena vs Morena, en su versión más cruda: quien controla el relato, controla la candidatura.

Lo que queda al descubierto

Este choque deja tres conclusiones incómodas:

1. La crisis de seguridad se trivializa cuando el partido decide que lo importante es “cerrar filas”.
2. El agua se usa como garrote político, no como causa pública.
3. Morena no está discutiendo cómo gobernar Chihuahua: está discutiendo quién se reparte el poder.

Mientras el partido se desgasta en su guerra interna, la ciudadanía se queda con lo esencial:
si no pueden poner orden dentro de Morena, ¿cómo pretenden poner orden en Chihuahua?