¡ESCÁNDALO MILLONARIO!

A solo dos años de haber sido inaugurado, el Tren Maya ya se convirtió en un agujero negro presupuestal: el Gobierno federal está metiendo 10 veces más dinero del que el tren realmente genera. En 2024, el gigantesco proyecto apenas logró 275 millones de pesos por venta de boletos y souvenirs… “pero sus gastos operativos se dispararon hasta los 2 MIL 837 millones de pesos”.

Sí: ¡gastó 10 veces lo que ganó!

Gerardo Herrera, experto en negocios de la Universidad Iberoamericana, no se anduvo con rodeos: “Visto desde un punto de vista financiero, es un proyecto perdedor. ¿Qué negocio sobrevive si sus ventas equivalen apenas al 2 o 10 por ciento de lo que gasta?”

El tren, presumido como obra estrella del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y prometido como motor para rescatar al sureste mexicano, hoy aparece como un gigante turístico que devora dinero. Según especialistas, pese a que el número de pasajeros ha crecido, el Tren Maya necesitaría entre 10 y 20 años para ser rentable… si es que algún día lo logra.

Durante todo ese tiempo, advierten, el Gobierno deberá seguir inyectándole miles de millones de pesos. Herrera lo resume con brutal claridad: “Si el Tren sigue perdiendo 2 mil 500 millones de pesos al año, en 10 años ya serán 25 mil millones tirados”.

Carlos Barreda, especialista ferroviario, va más lejos y asegura que el tren funciona como un servicio turístico y de lujo, que en teoría debería sostenerse con el precio real del boleto, pero que hoy depende casi por completo del subsidio federal.

Siguiente estación, la corrupción: Auditoría detecta irregularidades por 785 mdp en el Tren Maya

Irregularidades millonarias

La ASF detectó en 2022 irregularidades por más de 785 millones de pesos, entre ellas adquisiciones sin avalúo, contratos sin sustento técnico suficiente y pagos que no pudieron ser comprobados.

Especialistas señalan que estas observaciones son señales claras de gestión deficiente y posibles malas prácticas administrativas, que podrían escalar a responsabilidades administrativas y penales si no se solventan.

Un proyecto envuelto en opacidad

Organizaciones civiles han criticado que el proyecto opere bajo un esquema de “seguridad nacional”, lo que permite reservar información clave sobre contratos, costos reales y contratistas involucrados.

Analistas afirman que esta clasificación dificulta verificar si los recursos públicos han sido utilizados conforme a la ley y abre la puerta a decisiones discrecionales sin supervisión ciudadana.