No es lo mismo: Morena quiere equiparar “soberanía” con narco-gobierno y la comparación no se sostiene

Morena está intentando una maroma peligrosa: poner en la misma balanza dos asuntos que no son equivalentes, ni jurídica ni políticamente. Un caso se mueve en el terreno de competencias, autorizaciones y protocolos. El otro cae en el terreno de crimen organizado, narcotráfico, corrupción institucional y seguridad nacional comprometida. Pretender que “da lo mismo” no es análisis: es escape narrativo.

La trampa: “son iguales”

La operación es simple: como el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por delitos de narcotráfico y armas, Morena busca un espejo para decir “todos son iguales” y repartir culpas.

Ese espejo lo armaron en Chihuahua.

Caso 1: Chihuahua—si hubo operación sin aval federal, hay faltas

Morena acusa a la gobernadora Maru Campos de permitir operación de agentes estadounidenses (se ha hablado de la CIA) en operativos antinarcóticos dentro del estado sin autorización o coordinación federal. Por eso impulsaron un juicio político bajo el discurso de “violación a la soberanía nacional”.

Este supuesto—si se demostrara—abre un paquete de asuntos claros:

• competencia federal vs estatal
• protocolos de seguridad nacional
• cadena de mando y autorizaciones
• legalidad administrativa
• responsabilidades por omisión o exceso

Faltas graves, sí. Aun así, siguen siendo un debate sobre procedimiento, jurisdicción y protocolos.

Un dato que exhibe el carácter político del montaje: Morena dejó caer su propio juicio político al no ratificarlo en tiempo. Cuando el guion falla, la “soberanía” se vuelve utilería.

Caso 2: Sinaloa—Estados Unidos acusa narcotráfico y armas

En Sinaloa no se está discutiendo un “procedimiento”. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos por tráfico de drogas y armas contra Rocha Moya y su círculo. Eso ya no es “falta administrativa”: es acusación de estructura criminal infiltrada en gobierno.

La crisis pegó porque no es solo un pleito diplomático. Pegó en la percepción pública:

• 62% de los mexicanos considera creíbles las acusaciones contra Rocha, según Enkoll.

Aquí el punto no es “si nos gusta EE. UU.”. El punto es que el expediente que se discute implica delincuencia organizada y eso pertenece a otro universo jurídico.

Por qué no se pueden equiparar

La comparación se cae por su propio peso:

Chihuahua (si se probara): soberanía, competencia, protocolos, legalidad administrativa.
Sinaloa (según acusación formal de EE. UU.): narcotráfico, armas, cohecho, corrupción institucional, captura criminal del poder público, delitos electorales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ingobernabilidad.

No es lo mismo un codazo que un balazo. No es lo mismo una irregularidad de cadena de mando que un gobierno acusado de operar con criminales.

Morena lo sabe. Aun así lo empuja porque necesita un atajo: diluir el golpe de Sinaloa convirtiéndolo en “todos lo hacen”.

El mensaje real: defender a los suyos

Cuando una narrativa intenta empatar lo incomparable, no está buscando justicia. Está buscando blindaje. El régimen necesita que el ciudadano crea que todo es equivalente para que nada sea castigable.

Esa es la ruta: si todo es “soberanía”, nada es narco-gobierno. Si todo es “político”, nada es delito.

Para llevar

— Chihuahua es debate de protocolos—Sinaloa es acusación de narcotráfico.
— Morena intentó juicio político contra Maru y lo dejó morir—utilería de soberanía.
— El caso Rocha ya rompió el discurso—62% lo cree creíble.
— Equiparar ambos casos es propaganda de defensa.
— No hay manera jurídica ni política de venderlos como “lo mismo”.