Investigan cabaña atribuida a Javier Corral en área natural protegida de la Sierra Tarahumara

La construcción de una cabaña vinculada al senador y exgobernador de Chihuahua por Morena Javier Corral Jurado, dentro de una Área Natural Protegida decretada desde 1937, ha abierto una serie de cuestionamientos legales, ambientales y administrativos que hasta ahora no han sido aclarados públicamente.

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción del Estado aseguró un inmueble identificado como “Cabaña El Rincón”, ubicado en la zona de Basaseachi, dentro de la Sierra Tarahumara, como parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos (carpeta 3050/2024). Sin embargo, más allá de la indagatoria financiera, la ubicación del inmueble ha puesto el foco en un posible incumplimiento de la legislación ambiental federal.

La región donde se localiza la cabaña forma parte de una extensa franja de la Sierra Madre Occidental —que abarca áreas de Temósachic, Basaseachi, Ocampo, Guerrero y zonas limítrofes con Sonora— declarada reserva forestal y refugio de fauna silvestre mediante decreto presidencial del 6 de julio de 1937, emitido durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Dicho decreto establece prohibiciones explícitas, entre ellas:
• La privatización de terrenos nacionales
• La construcción de infraestructura no autorizada
• El cambio de uso de suelo
• La explotación forestal sin permisos federales
• La instalación de asentamientos humanos permanentes

En este contexto, especialistas señalan que ningún particular puede edificar en la zona sin una autorización federal excepcional, y menos aún adquirir terrenos que, por su naturaleza legal, no son privatizables.

De acuerdo con información oficial, la cabaña aparece registrada en el Catastro del municipio de Ocampo a nombre de Javier Corral y figura como parte de su declaración patrimonial como senador. El inmueble es descrito como un condominio de lujo de estilo rústico, rodeado de vegetación y ubicado en un entorno de alto valor ecológico.

No obstante, permanecen sin respuesta varias preguntas clave:
¿cómo se obtuvo la propiedad del terreno?, ¿qué permisos ambientales se tramitaron para su construcción?, ¿existió autorización federal para edificar en un área protegida?, ¿el municipio o el estado otorgaron licencias de construcción?, ¿hubo una reclasificación indebida del suelo?

La zona es hábitat de especies protegidas como el oso negro (amenazado), la cotorra serrana occidental (en peligro de extinción) y el águila real, además de bosques de pino-encino de alto valor ambiental. Expertos advierten que la construcción de infraestructura privada implica fragmentación del hábitat, perturbación por ruido y presencia humana, apertura de caminos irregulares, riesgo de incendios y posible contaminación de suelos y arroyos.

Con base en la información disponible, existen indicios que apuntan a una posible violación del decreto federal de 1937, una adquisición irregular del terreno y la ausencia de permisos federales, independientemente de su inscripción catastral, la cual no valida la propiedad si se trata de terrenos nacionales.

Hasta ahora, la investigación judicial se centra en el aspecto financiero del caso, mientras que la dimensión ambiental y territorial no ha sido abordada de manera pública por las autoridades competentes. En tanto, el senador Javier Corral no ha emitido una explicación detallada sobre el origen y legalidad de la propiedad.