La razón por la que las Presas de Chihuahua como la Boquilla continúan vacías a pesar de las intensas lluvias

La situación hídrica en el estado de Chihuahua en 2025 continúa siendo crítica. La presa La Boquilla, una de las más importantes de la región, se encuentra actualmente a solo un 20% de su capacidad total, lo que enciende las alertas entre autoridades, agricultores y pobladores.

Especialistas advierten que este nivel es insuficiente para cubrir las necesidades de riego, consumo humano y conservación ecológica. Además, la sequía prolongada y la falta de lluvias agravan el panorama, mientras se esperan medidas urgentes por parte del gobierno federal y estatal.

La preocupación también se extiende a conflictos pasados por la distribución del agua hacia otras entidades y a los Estados Unidos, lo que ha provocado tensión social y política en la región.

Cuando el agua se politiza: el fracaso de López Obrador y Javier Corral en el conflicto hidráulico Chihuahua-Tamaulipas-Estados Unidos.

La historia del agua en el norte de México ha sido, por décadas, un asunto técnico, sensible y vital. Sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno estatal de Javier Corral en Chihuahua (2016–2021), lo que debió ser una gestión responsable del recurso hídrico se convirtió en una guerra política de declaraciones, omisiones y protagonismos, con consecuencias directas para miles de agricultores y comunidades en Chihuahua y Tamaulipas.

Todo comenzó con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que obliga a México a entregar agua del río Bravo a Estados Unidos cada cinco años. Chihuahua, como parte clave de la cuenca del Conchos, debía aportar parte del líquido. En lugar de un manejo técnico y coordinado, el conflicto escaló hasta convertirse en un espectáculo político.

Por un lado, Javier Corral quería mostrarse como un defensor regional, afirmando que “nadie está obligado a lo imposible” y que su estado ya había aportado más del 40% del agua requerida. Pero al mismo tiempo, había firmado acuerdos en diciembre de 2019 y agosto de 2020 comprometiéndose a continuar con las entregas, esta es la DOBLE CARA de Corral. Su decisión posterior de oponerse al cumplimiento se tradujo en un giro político incoherente, que dejó a Chihuahua sin estrategia y con un discurso contradictorio. Corral, como siempre, se lavó las manos mientras su gobierno permitía protestas violentas en presas como La Boquilla, alimentando el fuego del resentimiento regional y el enfrentamiento con el centro.

Por otro lado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también falló estrepitosamente. En lugar de establecer una mesa técnica de negociación con autoridades locales, optó por romper comunicación con Corral, declarando públicamente que había sido “ofendido” por el gobernador. La presidencia federal eligió la confrontación antes que la diplomacia. Y cuando el conflicto escaló, la narrativa desde Palacio Nacional acusó sin matices a opositores, activistas y agricultores de estar manipulados, ignorando el reclamo legítimo de muchas comunidades que temían quedarse sin agua para consumo y riego.

La falta de liderazgo técnico, diálogo institucional y voluntad de construir soluciones comunes dejó al descubierto un problema más profundo: en México, el agua no es prioridad cuando se cruza con la vanidad política. Mientras Corral jugaba al mártir del federalismo y AMLO al presidente intransigente, Tamaulipas y Chihuahua sufrían las consecuencias: sin agua suficiente del Bravo para cumplir con los ciclos agrícolas, sus agricultores también quedaron atrapados en un conflicto ajeno a sus decisiones.

El episodio de 2020-2021 pasará a la historia como un fracaso compartido. Tanto López Obrador como Javier Corral dejaron que la soberbia se impusiera al interés nacional, demostrando que cuando el agua se politiza, quienes más pierden son los ciudadanos.

En 2018 la Presa la Boquilla tenía una capacidad al 100%, desde entonces la Conagua del Gobierno de López Obrador, comenzó a entregar el agua tanto a estados como Tamaulipas, donde hubo elecciones para Gobernador, como a los EE.UU.

Tanto el Gobierno de Javier Corral, firmando acuerdos para la entrega del agua de Chihuahua a otros estados y a los Estados Unidos como el Gobierno de López Obrador no cuidaron el agua de los chihuahuenses. Al, contrario, la entregaron a los Estados Unidos a través de la Conagua por el Río Bravo lo que provocó la evaporación de millones de metros cúbicos de agua.

Además, López Obrador quería lograr quedar bien con los agricultores del estado de Tamaulipas en donde terminó ganando su partido Morena nada menos que el candidato Américo Villarreal, hoy fichado por las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos por estar ligado al crimen organizado Fue en las elecciones del año de 2022 justo cuando se presentaban manifestaciones en la zona del sur del estado de Chihuahua de agricultores en contra del Gobierno Federal que Americo Villarreal fue electo por Morena.

Las manifestaciones de agricultores terminaron en represión del Gobierno Federal utilizando al ejército.

Durante las protestas por el conflicto del agua en la presa La Boquilla, en el municipio de Delicias, una mujer identificada como Jessica Silva fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional, mientras regresaba a casa con su esposo tras participar en las manifestaciones.

El hecho ocurrió la noche del 8 de septiembre de 2020, cuando militares dispararon contra la pareja dentro de su camioneta. Él resultó gravemente herido. Según testimonios y organizaciones civiles, no hubo enfrentamiento previo ni provocación, lo que ha generado indignación nacional.

La movilización civil había iniciado en oposición a la extracción de agua de las presas para cumplir el Tratado de 1944 con Estados Unidos. Agricultores y comunidades locales argumentaban que la decisión ponía en riesgo su subsistencia ante una grave sequía.

El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, justificó la presencia militar en la zona, acusando intereses políticos detrás de las protestas. Sin embargo, la muerte de Jessica Silva reavivó críticas por la militarización del conflicto y el uso excesivo de la fuerza.

Hasta ahora, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Guardia Nacional han asumido públicamente su responsabilidad directa, mientras la familia exige justicia y transparencia.