Todo con Factura
💸 Obra pública “pa’ los compas”: 74 millones al círculo de los hermanos Pérez Cuéllar 💸
En Juárez la corrupción rara vez entra pateando la puerta. Casi siempre llega con corbata, licitación y una sonrisa. Esta vez el caso trae una ruta muy clara: dos colaboradores cercanos al diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar —hermano del alcalde— recibieron 20 contratos de obra pública por 73 millones 887 mil 785 pesos entre 2021 y 2025.
Los nombres son Irvin Alonso Ruiz Orozco y Kenya Daniela Garibay Baca. La investigación de La Verdad Juárez documenta que ambos fueron parte del equipo de campaña del diputado en 2024, acompañan al legislador en actos públicos y actividades partidistas y aparecen incluso en convivencias personales. La administración municipal, por su lado, no niega contratos: lo que intenta es minimizar el tamaño del problema.
El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, eligió el clásico “no es mucho si lo comparas con todo”: sacó calculadora y dijo que 55.5 millones representaban 0.16% de un presupuesto cercano a 34 mil millones (2021–2024), dejando fuera contratos asignados a finales de 2025.
Descaro y cinismo. Esa defensa es precisamente lo que vuelve el caso político: no es el porcentaje, es el método.
¿Se acuerdan del? Sí robé, pero nomás poquito.
Del escritorio de Obras Públicas al contrato millonario
La historia de Irvin Ruiz Orozco es el tipo de salto que en cualquier ciudad enciende alertas: pasó de ocupar “un discreto escritorio” en la Dirección de Obras Públicas, con sueldo de poco más de 11 mil pesos mensuales y funciones ligadas a lectura de fallos de licitación, a convertirse en proveedor de obras millonarias del municipio.
La investigación subraya que el crecimiento ocurre sin experiencia previa en construcción, con maquinaria rentada y respaldándose en la cédula profesional de su colaboradora (Kenya Garibay) para concursar y ejecutar obras.
El primer contrato municipal le llega en noviembre de 2021, apenas dos meses después de arrancar la administración crucista. Ese contrato fue por más de 1.8 millones para rehabilitar el parque comunitario Parajes de Oriente.
Hay otro dato que no es menor: la mayor parte de la maquinaria, según las propuestas técnicas, fue rentada a Compañía Constructora Tres Cares, empresa mencionada en una denuncia por corrupción de 2017 contra exfuncionarios de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Los documentos de renta aparecen firmados por Silvia Molina Baca, madre de Kenya Garibay, registrada como encargada de ventas.
Irvin declaró que renunció porque le “gustan mucho los negocios” y que se volvió proveedor porque conoce “la ley de obras públicas… al derecho y al revés”.
La fórmula del relevo: nace KIDA y el negocio no se mueve, se reparte
Kenya Garibay no aparece como una figura aislada. Primero fue residente de obra de Ruiz Orozco (2021–2023), después constituyó su propia empresa constructora y, en 2024–2025, lo relevó en la obtención de contratos millonarios.
La empresa se llama Construcciones y Servicios Industriales KIDA. Se constituyó en septiembre de 2023 con su padre, según el Sistema de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, y nueve meses después empezó a recibir contratos municipales.
El primer contrato de KIDA se firmó el 12 de junio de 2024, por 5 millones para rehabilitación de un parque. Dos días después, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar compartió una convivencia con su equipo de campaña donde aparecen Garibay y Ruiz Orozco.
En total, KIDA recibió ocho contratos (4 en 2024 y 4 en 2025) por 35 millones 371 mil 747 pesos.
Del lado de Ruiz Orozco, el texto documenta que, tras dejar el cargo público y con el arranque del gobierno de Cruz, inició una carrera de contratista que le significó 38.5 millones de 2021 a 2024.
La cercanía política: equipo de campaña, PVEM y presencia municipal “sin cargo”
Aquí está el ángulo político que la investigación deja sobre la mesa: ambos contratistas mantienen una estrecha cercanía con el diputado Alejandro Pérez Cuéllar, legislador por el PVEM, quien ha tenido presencia en asuntos municipales “desde el inicio del gobierno de su hermano”, aunque no tenga cargo formal en el Ayuntamiento.
Los dos fueron integrantes del equipo de campaña de Alejandro en 2024 y hoy participan en actividades partidistas y eventos públicos con él. Ruiz Orozco incluso fue candidato a regidor por el PVEM (cuarta posición de la planilla) mientras su participación se concentraba en la campaña del diputado.
Además, el texto señala la presencia política de Álex Pérez Escalante, hijo del diputado, como dirigente municipal del PVEM desde octubre de 2024.
Qué obras y cuánto: los montos que sí pesan
Ruiz Orozco acumuló 12 obras. Entre las más caras:
- Canchas de futbol para el Club de Veteranos en El Chamizal: 6.7 mdp
- Rehabilitación del Mercado Reforma: 6.4 mdp
- Repavimentación en colonia Kilómetro 20: 5.9 mdp
En El Chamizal, el catálogo de conceptos muestra más de 5 mdp solo en pasto sintético (12,500 m²), 140 mil por cuatro porterías y 133 mil por un bordillo perimetral.
KIDA concentró contratos en parques y escuelas. Entre los más altos:
- Infraestructura en Cobach 11: 6.9 mdp
- Instalaciones lúdico-deportivas en Secundaria Federal 11: 6.7 mdp (ambas a finales de 2025)
También hay desglose de partidas llamativas en parques: Los Ojitos (5.3 mdp) con casi un millón en juegos, 847 mil en andadores, 403 mil en calistenia y 719 mil en mobiliario urbano; en Infonavit Salvárcar se reportan costos unitarios de mobiliario con malla sombra.
En el parque La Casita (obra de 5 mdp), la investigación compara costos de bancas similares en otro parque y documenta deterioro al año de la intervención (juegos dañados, pintura desgastada, escombro).
El mecanismo: licitaciones con pocos competidores y un camino cómodo
La investigación detalla que Ruiz Orozco ganó 11 concursos: fue la propuesta más barata en seis; en dos hubo opciones más baratas; en tres fue único participante; además obtuvo un contrato por adjudicación directa en octubre de 2022. KIDA fue la propuesta más baja en las ocho licitaciones en las que compitió, siete de ellas frente a un solo competidor.
Esto es relevante porque explica por qué, aunque haya “licitación”, el resultado puede seguir oliendo a círculo cerrado.
Respuesta política: Alejandro “desconoce”; Cruz minimiza; especialistas advierten señales de alerta
Al ser cuestionado, Alejandro Pérez Cuéllar dijo “desconozco” sobre los contratos y se negó a responder más. La investigación también señala que no respondió solicitudes de entrevista.
Cruz Pérez Cuéllar, por su parte, dijo que no ve irregularidad y que habría que revisar “licitación por licitación”. Admitió que no tiene problema con que hayan “ayudado” a su hermano y afirmó que “tienen derecho” a trabajar como otros constructores. Luego vino el dato que se volvió coartada: calculadora en mano, 0.16%.
Especialistas consultados por la investigación advierten que apegarse a la ley no excluye irregularidades y enumeran alertas: falta de experiencia en proveedores, empresas recién creadas, acumulación de contratos, adjudicaciones directas y vínculos previos entre contratantes y contratistas.
La pregunta que Juárez no puede soltar
El gobierno puede decir “revisen licitación por licitación”. La ciudad tiene derecho a exigir lo que completa esa frase:
- contratos, anexos técnicos y catálogos de conceptos
- supervisiones y bitácoras de obra
- actas de entrega-recepción
- garantías, penalizaciones y corrección de deterioros
- comparativos de precios unitarios (cuando hay disparidades)
- lista completa de participantes por licitación, no solo ganadores
Porque el tema no es si 74 millones “es poco” frente a 34 mil millones. El tema es si la obra pública se volvió moneda de estructura política.
Para llevar…
La coartada del 0.16% busca apagar el incendio con porcentaje. El expediente que presenta la investigación es otro: 20 contratos, casi 74 millones, proveedores sin antecedentes previos documentados antes de 2021, un salto de empleado a contratista, empresas nuevas que entran y relevan, licitaciones con baja competencia y una cercanía política directa con el círculo del hermano del alcalde. Lo mínimo exigible es transparencia total, contrato por contrato, y una explicación pública que no se reduzca a una calculadora.
Investigación original: