No fue uno, fueron 45 los millones desviados de Liconsa

La retórica oficial de la “honestidad valiente” y el combate frontal a la corrupción vuelve a chocar de frente con la realidad en el estado de Chihuahua. La reciente revelación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre un boquete financiero de 45.1 millones de pesos en las operaciones de Liconsa durante 2023 no solo enciende las alarmas de la fiscalización, sino que pone bajo los reflectores el flagelo del nepotismo y la presunta incompetencia administrativa personificada en Gregorio Chávez Treviño, hermano de la influyente senadora de Morena, Andrea Chávez.

Mientras la legisladora juarense encabeza discursos en la tribuna del Senado defendiendo la transformación del país, en su propia tierra el apellido Chávez queda ligado a una de las tramas más grotescas de desvío de recursos públicos: el pago de más de un millón de pesos a proveedores que ya habían fallecido.

El “Milagro” de los Proveedores Fantasma

De acuerdo con la investigación que destapó el escándalo, bajo la gerencia estatal de Gregorio Chávez, Liconsa Chihuahua autorizó transferencias por 1 millón 26 mil 900 pesos a dos personas físicas meses después de que estas hubieran perdido la vida. El cruce de datos con el Registro Nacional de Población (RENAPO) es fulminante: el gobierno siguió depositando dinero público a cuentas ligadas a difuntos, una práctica que evoca las peores épocas de la “Estafa Maestra” que la actual administración juró erradicar.

¿Cómo es posible que un funcionario público, encargado de velar por la soberanía alimentaria y el apoyo a los sectores vulnerables, firme contratos y valide padrones de proveedores sin la más mínima verificación de supervivencia? La respuesta transita entre dos preocupantes caminos: una negligencia administrativa inexcusable o una red de corrupción operada con total dolo y amparada en el cobijo del poder político familiar.

El Desprecio a las Reglas de Operación

Las irregularidades en la gestión de Chávez Treviño no terminan con los pagos a personas fallecidas. La auditoría también detectó la entrega ilegal de 4.5 millones de pesos a supuestos productores locales que violaron flagrantemente las reglas de operación para recibir el “precio de garantía”. El subsidio, diseñado para rescatar a los pequeños productores de leche, terminó en manos de intermediarios o ganaderos que no cumplían con los requisitos de ley.

Mientras los verdaderos pequeños productores chihuahuenses padecen la sequía y la falta de apoyos reales, los recursos públicos fluyeron discrecionalmente bajo la firma del hermano de la senadora.

El Escudo del Apellido

Hasta el momento, la respuesta institucional ha sido el silencio y la condescendencia. Si bien la ASF ha iniciado los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, en el ámbito político impera la protección mutua. Gregorio Chávez no ha ofrecido una aclaración pública contundente y su hermana, la senadora Andrea Chávez, ha evitado confrontar el evidente conflicto de interés y nepotismo que significó la imposición de su familiar en un cargo de tal relevancia técnica y presupuestal.

Aunque la presunción de inocencia cobija legalmente al exgerente en esta etapa procesal, la condena moral y ética es ineludible. El caso Liconsa en Chihuahua es el vivo ejemplo de cómo los cargos públicos se siguen entregando por consanguineidad y lealtad política antes que por capacidad. Los 45 millones de pesos desaparecidos a nivel nacional —y los millones malversados localmente— exigen algo más que solventaciones burocráticas: exigen renuncias, inhabilitaciones y, si se comprueba el dolo, castigos penales. De lo contrario, la supuesta “transformación” seguirá siendo solo un eslogan de campaña para quienes disfrutan de las mieles del poder en la Sierra y en el Bajío.