Carlos Alberto Velázquez Nieto, dueño de Energética Carvel y empresario vinculado con Aseo Municipal, dejó de aparecer en la consulta pública del Registro Nacional de Detenciones mientras permanece bajo custodia y su situación continúa en manos de autoridades federales. La desaparición puede tener una explicación administrativa; lo que resulta bastante más difícil de desaparecer es la historia que lo conecta con una concesión de 15 años otorgada durante el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar. Hoy, con Cruz colocado por Morena en la ruta estatal hacia 2027, aquella relación vuelve convertida en un expediente de hidrocarburos, 47 camiones inmovilizados y una crisis de recolección cuya factura ya están pagando los juarenses.

Hay momentos en política en los que un “usted disculpe” llega demasiado tarde. La detención hace ruido, los operativos ocupan portadas, aparecen acusaciones graves y durante algunos días parece que finalmente alguien tendrá que explicar lo inexplicable. Después pasa el tiempo, se apagan los reflectores, las fichas dejan de aparecer y comienza esa extraña neblina burocrática donde todo parece haber sido mucho menos grave de lo que originalmente se presentó.

Carlos Alberto Velázquez Nieto apareció en el Registro Nacional de Detenciones después del operativo federal del 24 de septiembre. Posteriormente surgió una segunda actuación relacionada con él y, semanas después, su nombre dejó de mostrarse en la consulta pública. Eso, por sí mismo, no prueba una maniobra de encubrimiento: las reglas del propio sistema contemplan supuestos en los que la información deja de estar disponible públicamente. El detalle incómodo es que la autoridad penitenciaria confirmó que Velázquez continuaba bajo custodia en Aquiles Serdán.

Por eso la pregunta política no puede reducirse a quién presionó un botón para desaparecer una ficha. La pregunta mucho más seria es qué va a ocurrir con un expediente que toca directamente una de las decisiones empresariales más importantes tomadas durante el gobierno municipal de Cruz Pérez Cuéllar, justo cuando el exalcalde necesita dejar atrás Ciudad Juárez y vender una imagen estatal rumbo a 2027.

Carvel no llegó a la historia de Cruz después del cateo

Ahora que el nombre de Velázquez se volvió incómodo, resulta tentador presentar el asunto como si se tratara de un empresario desconocido cuya desgracia judicial accidentalmente salpicó al Municipio. El problema es que entre el gobierno de Cruz y el entorno empresarial de Velázquez existe algo bastante más sólido que una fotografía, un saludo o un rumor: existe una concesión pública.

Aseo Municipal S.A. de C.V. fue constituida el 20 de febrero de 2023. Carlos Alberto Velázquez Nieto apareció como socio mayoritario y administrador único. Apenas unos meses después de su nacimiento, la empresa obtuvo durante la administración de Cruz Pérez Cuéllar las zonas 3 y 4 de recolección de basura, prácticamente la mitad del servicio doméstico de Ciudad Juárez, dentro de un esquema contratado por 15 años.

La corta trayectoria de la compañía provocó cuestionamientos desde aquel momento. Cruz no solamente conoció las críticas: decidió responderlas personalmente y defender la adjudicación.

“Nosotros vamos a estar muy exigentes de que cumplan con la prestación de un servicio de excelencia; yo creo que tenemos que darles la oportunidad, cumple con todo y tiene los camiones nuevos que les pedimos”.

La oportunidad resultó generosa. No fueron seis meses para demostrar capacidad, ni un contrato anual sujeto a revisión. Fueron 15 años.

Hasta 2038.

Tres años después, esa frase merece volver al expediente, no porque demuestre complicidad alguna con lo que posteriormente investigaría la Federación, sino porque recuerda quién puso públicamente su capital político detrás de aquella decisión.

Después llegó el huachicol

El escenario cambió el 24 de septiembre, cuando fuerzas federales desplegaron operativos en propiedades e instalaciones relacionadas con Energética Carvel y Carlos Alberto Velázquez. Hubo cateos, aseguramientos, detención y actuaciones federales que colocaron al empresario dentro de una investigación mucho más seria que cualquier controversia municipal.

Documentación judicial difundida sobre el caso ha relacionado la investigación con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes de actividades relacionadas con hidrocarburos. De ahí surge el componente de huachicol que acompaña públicamente al expediente.

Conviene mantener las cosas en su sitio: Velázquez enfrenta investigaciones y actuaciones judiciales, no una sentencia que permita declararlo culpable. Pero esa misma precisión impide caer en el extremo contrario y fingir que todo fue un chisme político. Hubo un operativo federal de gran escala, existió una detención, hubo aseguramientos y el empresario permaneció bajo custodia mientras tribunales federales procesaban el caso.

La FGR, sin embargo, ha dejado amplios espacios sin explicar públicamente. Esa falta de información es precisamente la que alimenta las preguntas cuando un personaje pasa de aparecer dos veces en el Registro Nacional de Detenciones a prácticamente desaparecer de la conversación institucional.

El cateo era contra Carvel; los camiones eran de la basura

La investigación federal terminó alcanzando materialmente a Ciudad Juárez porque Carvel y Aseo Municipal compartían predio y acceso. El Gobierno municipal ha subrayado que el cateo estaba dirigido contra Carvel y no contra la empresa concesionaria de la recolección. Jurídicamente, la precisión importa. Operativamente, sirvió de poco.

El director de Limpia explicó lo ocurrido con bastante claridad:

“Lo que tenemos entendido es que compartían el mismo predio con el mismo acceso; entonces cuando llega la orden de cateo se dan cuenta y en ese momento determina el Ministerio Público que ya no se puede sacar ningún vehículo”.

El resultado fue brutal para una empresa encargada de recoger la basura de prácticamente media ciudad: 47 de sus 75 camiones quedaron inmovilizados. Aseo Municipal se quedó trabajando con apenas 28 unidades para atender las zonas 3 y 4, extendiendo horarios y utilizando dobles turnos mientras sus abogados intentaban acreditar ante las autoridades federales qué bienes correspondían a cada empresa.

Ahí terminó cualquier posibilidad de mantener la historia encerrada dentro de un expediente judicial. Los problemas del empresario comenzaron a viajar en bolsas negras por las calles de Juárez.

Mientras son peras o manzanas, Juárez ya paga la factura

La basura no entiende de amparos, razones sociales ni carpetas de investigación. Tampoco espera a que la FGR decida cuánto quiere informar.

Con casi dos terceras partes de la flotilla de Aseo Municipal inmovilizada, comenzaron los rezagos y el Municipio terminó activando un plan de contingencia. Otras concesionarias tuvieron que mandar unidades a las zonas afectadas, se programaron dobles turnos y trabajo en domingo, y la frecuencia que contractualmente debía llegar a tres recorridos semanales quedó temporalmente reducida a dos.

El alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, terminó reconociendo que el dinero correspondiente al servicio tendría que seguir al camión que efectivamente recogiera la basura:

“Parte del recurso que se pagaba a Aseo Municipal se va a destinar para otras unidades con las que se dé el servicio y nivelarlo sin ningún problema”.

El Municipio ha precisado que las empresas cobran por tonelaje recolectado y que, si Aseo Municipal no levanta determinada basura, ese tonelaje no se le paga y el recurso corresponde a quien realice el trabajo. Por lo tanto, no hay elementos para afirmar que los juarenses estén pagando dos veces exactamente por la misma tonelada.

Pero pretender que por esa razón la contingencia no tiene costo sería jugar con las palabras. El ciudadano ya pagó con rutas atrasadas, menor frecuencia, acumulación de residuos y una administración obligada a improvisar una operación de emergencia para sustituir parte del servicio que había comprometido contractualmente durante 15 años.

Mientras son peras o manzanas, la factura llegó primero a Juárez.

De “hay que darles la oportunidad” a amenazar con quitarles la concesión

La ironía es particularmente incómoda porque el mismo Gobierno municipal que heredó aquella concesión ahora amenaza con terminarla si Aseo Municipal no resuelve su falta de unidades.

Ortiz Orpinel puso prácticamente un ultimátum y dejó abierta la puerta a una medida que en 2023 habría resultado difícil imaginar:

“Ya sea que recuperen ellos los camiones o que compren o que renten o que hagan lo que tengan que hacer para cumplir con la recolección de basura como estábamos habituados. Si no ocurre, habrá más sanciones o, en su caso, ya hemos platicado la posibilidad de la rescisión de la concesión”.

Ahí está resumido el viaje completo de Aseo Municipal durante el gobierno iniciado por Cruz. En 2023 era la empresa nueva a la que había que darle una oportunidad. En 2026, el Ayuntamiento analiza quitarle aquella oportunidad de 15 años si no consigue suficientes camiones para cumplir.

En medio quedaron los juarenses.

¿Qué revisó realmente el gobierno de Cruz?

Ésa es una pregunta que no requiere acusar a Cruz de ningún delito ni responsabilizarlo de conductas posteriores de un empresario. Es mucho más sencilla y, precisamente por eso, más difícil de evadir.

¿Qué revisó su administración antes de entregar durante 15 años dos zonas completas de recolección a una compañía que tenía apenas meses de existencia? ¿Qué experiencia, estructura financiera y capacidad empresarial se evaluaron? ¿Qué antecedentes de sus accionistas fueron considerados y qué mecanismos de contingencia se exigieron para garantizar que una eventual crisis corporativa no terminara afectando un servicio básico?

La licitación pudo cumplir formalmente con los requisitos administrativos y aun así quedar sometida al juicio de sus resultados. Eso también forma parte de gobernar: no basta con demostrar que había papeles en orden cuando tres años después una decisión de largo plazo termina dependiendo de camiones prestados y planes emergentes.

Cruz tampoco puede alegar desconocimiento político de aquella adjudicación. Él mismo decidió defenderla públicamente cuando fue cuestionada. Su frase quedó ahí para la historia: “hay que darles la oportunidad”.

Y justo ahora aparece 2027

Todo esto sería suficientemente relevante incluso si Cruz Pérez Cuéllar hubiera decidido retirarse de la política. Pero ocurre exactamente lo contrario. Después de dejar temporalmente la Presidencia Municipal, fue colocado al frente de la estructura estatal de Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, una posición que lo sitúa en el centro del proyecto político del partido rumbo a 2027.

Formalmente, los tiempos electorales y una eventual candidatura tendrán sus propios procedimientos. Políticamente, nadie necesita fingir que su nueva responsabilidad carece de significado.

Por eso el momento en que Carvel comienza a desvanecerse de la conversación pública resulta tan conveniente como incómodo.

No existe evidencia que permita afirmar que alguien haya ordenado desaparecer información para limpiar la ruta electoral de Cruz. Decirlo como hecho sería fabricar una conclusión. Pero tampoco existe obligación periodística de ignorar la secuencia: el empresario vinculado con una concesionaria de su gobierno queda detenido en un expediente relacionado con hidrocarburos, el operativo revienta la capacidad de recolección de media ciudad y, mientras Cruz comienza su etapa estatal, la información pública sobre Velázquez se vuelve cada vez más escasa.

De ahí nace la pregunta.

¿Limpieza de campaña o el clásico “usted disculpe”?

Puede ser simplemente procedimiento administrativo. Puede haber explicaciones jurídicas perfectamente válidas para que Carlos Alberto Velázquez deje de aparecer en una consulta pública mientras su expediente continúa en tribunales.

Entonces que las expliquen.

Lo que no debería ocurrir es que la falta de información termine construyendo el clásico mexicano del operativo espectacular seguido por semanas de silencio y, finalmente, un discreto “usted disculpe” cuando nadie está mirando.

Porque si mañana las autoridades determinan que Velázquez no tiene responsabilidad, tendrán que decirlo y explicar por qué. Si el proceso continúa, también deberían informar en qué condiciones. Y si existen acusaciones federales vigentes, la sociedad tiene derecho a conocer con precisión qué se está juzgando.

Lo que resulta políticamente imposible es pretender que cualquiera de esos desenlaces pueda borrar hacia atrás las decisiones tomadas en Ciudad Juárez.

El expediente que Cruz no puede borrar

La situación procesal de Carlos Alberto Velázquez puede cambiar. Una ficha del Registro Nacional de Detenciones puede dejar de mostrarse. Un aseguramiento puede levantarse e incluso una investigación puede terminar sin sentencia condenatoria.

Nada de eso altera lo que ya ocurrió en el ámbito municipal.

Aseo Municipal fue creada en febrero de 2023 y meses después obtuvo dos zonas de recolección por 15 años. Cruz defendió personalmente aquella adjudicación. Tres años después, un operativo federal dirigido al entorno de Carvel dejó 47 camiones de la concesionaria inmovilizados, obligó a reducir temporalmente frecuencias, provocó un plan de contingencia y llevó al propio Ayuntamiento a considerar la rescisión del contrato.

Eso ya forma parte del balance de aquella administración.

Y ahora forma parte también del equipaje político con el que Cruz pretende recorrer Chihuahua.

Para llevar…

Tal vez no exista ninguna limpieza de campaña. Tal vez la desaparición pública del registro tenga la explicación administrativa más aburrida del mundo y mañana la FGR consiga finalmente contar con claridad qué ocurrió con Carlos Alberto Velázquez.

Eso resolvería una parte de la historia.

La otra no tiene botón de borrar.

Está en los contratos municipales, en aquella frase de Cruz pidiendo darle una oportunidad a una empresa recién nacida, en una concesión que llega hasta 2038, en los 47 camiones inmovilizados y en miles de juarenses que terminaron dependiendo de una operación emergente para algo tan elemental como que alguien se llevara su basura.

Carvel puede desaparecer de una pantalla. El expediente político de Cruz rumbo a 2027 no desaparece con él.

Porque mientras abogados y autoridades deciden si esto termina en huachicol, absolución o en el clásico “usted disculpe”, hay algo que ya ocurrió y no necesita sentencia:

Hoy, Juárez paga la factura de una decisión que el propio Cruz salió a defender.