Detrás del Discurso
Javier Corral con restricción migratoria vigente, confirma SRE
El exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, enfrenta restricciones judiciales que le impiden salir del país, según un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fechado el 24 de octubre de 2025, dirigido al juez César Miguel Rodríguez Martínez, del Distrito Judicial Morelos.
El documento, firmado por la M.E. Mónica Rodríguez Arredondo, directora de la Oficina de Pasaportes en Chihuahua, confirma que el exmandatario tramitó una solicitud de pasaporte y que la dependencia federal consultó al Poder Judicial si seguía vigente la medida que le impide salir del país.
El oficio número SRE/OPCHIH/134/2025, con sello de recibido el 26 de octubre de 2025 por el Poder Judicial del Estado, señala expresamente:
“En esta Oficina de Pasaportes se encuentra en trámite una solicitud de expedición de pasaporte a nombre del ciudadano Javier Corral Jurado, quien manifestó tener un proceso judicial pendiente ante ese H. Juzgado.
En virtud de lo anterior, me permito solicitarle de la manera más atenta se sirva informar a esta Oficina si continúa vigente la misma medida judicial que se había informado con anterioridad respecto del citado ciudadano, o si la situación jurídica del mismo ha sido modificada.
Asimismo, se solicita tenga a bien responder de manera urgente, a efecto de poder proceder conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de expedición de pasaportes a personas con impedimentos judiciales para salir del país.”
El documento está sellado y firmado por Rodríguez Arredondo, con el timbre institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores – Oficina de Pasaportes en Chihuahua, y dirigido al juzgado que lleva la causa penal 3058/2024, por el delito de peculado agravado en perjuicio del erario estatal, con un monto de 98.6 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el oficio fue emitido luego de que el exgobernador intentara realizar un viaje internacional, lo que motivó la consulta de la SRE al juzgado correspondiente.
El procedimiento de la dependencia federal sugiere que Corral sigue bajo restricción judicial y que no puede salir del país como ciudadano mexicano mientras no se modifique la medida.
Pese a ello, Corral posee también nacionalidad estadounidense, condición que nunca renunció formalmente, aunque públicamente aseguró haberlo hecho en los años noventa “como protesta por la invasión de Estados Unidos a Panamá”. La doble nacionalidad podría abrir una vía para salir del país con pasaporte estadounidense, pero ello podría interpretarse como desacato a la autoridad judicial mexicana.
Javier Corral acusado por enriquecimiento ilícito y tortura.
El caso llegó al Tribunal luego de que la Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua la turnara tras una audiencia celebrada en julio, sin embargo, fue hasta este 7 de agosto que asumió la competencia bajo el folio 073/2024-3JRA.
En el listado de acuerdos y resoluciones, el expediente aparece a cargo de la autoridad investigadora Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP del estado de Chihuahua y como autoridad Substanciadora remitente, la Dirección General jurídica y de Responsabilidades de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la SFP del estado.
De acuerdo con Río Doce, el ahora senador electo por la vía plurinominal por Morena, Javier Corral, fue notificado del procedimiento que hay en su contra, derivado de dos denuncias presentadas ante la SFP y la Fiscalía General del Estado (FGE), en el año 2022.
Corral está siendo investigado por una falta administrativa y no penal, por lo que una sanción podía ser la inhabilitación en caso de que se determine que las acusaciones son fundadas. Recientemente se anunció que el exmandatario fue convocado para ser parte del proyecto anticorrupción de Claudia Sheinbaum para el próximo sexenio.
Dan prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua acusado de tortura
El acusado fue uno de los agentes del Ministerio Público que estuvo a cargo de las investigaciones denominadas “Justicia para Chihuahua” que encabezó Javier Corral contra funcionarios de César Duarte por presunta corrupción
Al exfiscal Francisco González Arredondo, acusado de presuntamente haber torturado psicológicamente a varios de los testigos que declararon en contra del ahora exgobernador César Duarte Jáquez, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.
La jueza de Control, Hortensia García, consideró necesario imponer la cautelar más gravosa a Francisco G.A. – como se le identifica al acusado durante el proceso judicial-, quien fue uno de los agentes del Ministerio Público que estuvo a cargo de las investigaciones denominadas “Justicia para Chihuahua” o “Expedientes X” realizadas durante la administración del entonces gobernador de extracción panista Javier Corral Jurado.
En la audiencia, el exfiscal denunció que su padre, Francisco González Vázquez, murió como consecuencia de la intervención policíaca de la que ambos fueron objeto, para arrestarlo, y dijo tener miedo por lo que le pueda suceder a él o a su familia.
Además, Francisco pidió que la intervención de los organismos de Derechos Humanos y la jueza ordenó notificar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre las expresiones de la persona detenida.
Tras la detención, el exagente del Ministerio Público quedó a disposición del Tribunal de Control con jurisdicción en la capital del Estado de Chihuahua y la primera audiencia fue para la formulación de cargos.
En esa diligencia el exfiscal fue acusado de haber cometido el delito de tortura, posteriormente se decretó un receso en el cual fue notificado de la muerte de su padre y luego inició la enumeración de los datos de prueba que hasta el momento el Gobierno de Chihuahua encabezado por María Eugenia Campos Galván, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), ha reunido en su contra.
La fiscal a cargo de ejercer acción penal contra Francisco G.A., dijo que Vilma Ramírez Santiago, directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), envió un oficio el 7 de diciembre del 2021 a la FGE de Chihuahua para dar a conocer que el 15 de octubre del mismo año habían tenido conocimiento de una nota periodística publicada por La Jornada donde se narra la presunta tortura psicológica ejercida contra cinco ex funcionarios de la administración de César Duarte.
En el oficio también se señala que a cinco exfuncionarios los obligaron a convertirse en testigos colaboradores para inculpar a altos funcionarios públicos o a políticos rivales del exmandatario chihuahuense Javier Corral Jurado.
La CNDH también solicitó a la FGE que iniciara una carpeta de investigación, dijo la agente del Ministerio Público a cargo de formular cargos contra el hoy exfiscal Francisco.
Al citar los datos de prueba contra Francisco G.A., la agente del Ministerio Público indicó que la FGE inició la carpeta de investigación con número único de caso 19/202124931 y refirió que aunado al oficio enviado por la CNDH, el 15 de diciembre del 2021 la Fiscalía recibió una denuncia presentada por Guillermo Saucedo, donde se narran las versiones de seis personas que se dicen víctimas del exfiscal Francisco.
Una de las presuntas víctimas, de identidad reservada e identificada en la causa que se sigue a Francisco con la clave JJBT-1/2021, señaló ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua que él trabajo durante los últimos años del sexenio del ahora exgobernador Cesar Duarte Jáquez en el área de Adquisiciones.
JJBT-1/2021 explicó que él laboró bajo la dirección de Antonio Enrique Tarín García, quien fue titular de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda y posteriormente fue sentenciado a seis años de cárcel por el desvío de 2 millones 420 mil pesos y meses, aunque después logró obtener la libertad condicionado al resguardo domiciliario y el uso de un brazalete.
La presunta víctima JJBT-1/2021 refirió que en el verano del 2017 fue citado en la Casa de Gobierno para que hablara en relación a los “Expedientes X” y fue entrevistado durante más de ocho horas sin la posibilidad de tomar agua, ni ir al baño y bajo amenazas porque le decían que otros testigos ya habían declarado que él sabía sobre los desvíos de dinero y malas actuaciones de Cesar Duarte Jáquez y tenía que declarar todo, advirtiéndole que de no hacerlo lo iban a detener.
“… los que se habían robado la lana no estaban ahí, tenían con que defenderse y que no estaba fregados como él, que iba a pasar muchos años en la cárcel, que no iba a salir bien de todo esto. Que mejor cooperara con ellos, que estaba con ellos o estaba en contra de ellos. Que si no cooperaba entonces era enemigo del Estado y que el Estado se iría en contra de él y de su familia. Así durante muchas horas hasta que llegó un momento en donde se dobló definitivamente”, dijo la agente del Ministerio Público encargada de acusar al ex fiscal Francisco.
“Literalmente la víctima dice “y ya no aguanté la presión, comencé a llorar por la desesperación de la presión que sentía en mi psique y me pidieron las contraseñas de mis correos particulares y les dije que no muchas veces y ellos insistían diciendo que con esos correos yo intercambiaba información”, continuó diciendo la agente del Ministerio Público al dar lectura a la declaración de la presunta víctima con clave JJBT-1/2021.
Esa persona también dijo que Javier Corral Jurado tenía cámaras conectadas al sitio donde eran entrevistados, y así se enteraba de todo.
Otra presunta víctima identificada con la clave DEFJ5/2021, dijo que él fue colaborador en la administración 2016-2021, es decir en el quinquenio de Javier Corral Jurado y también testigo protegido en los “Expedientes X”. Sin embargo, aseguró que fue amenazado e intimidado por diversos agentes del Ministerio Público que estaban comisionados a los “Expedientes X”.
Esa presunta víctima, DEFJ5/2021, dijo que los fiscales Javier López, Claudia Chávez, el ahora acusado y una persona que identificó con el apellido Peña lo amenazaron y coaccionaron psicológicamente para que rindiera declaración o firmara documentos en las carpetas de los “Expedientes X”.
“… que me iba a cargar la fregada, que solo los que robaron mucho dinero no estaban detenidos, yo iba a pagar por ello. Tenía que declarar respecto a lo que ya sabía, esto según ellos. Que iba a ir a la cárcel, que me iban a destruir las empresas de mi familia, mis hermanas, que en la cárcel me iba a ser garras, que no sabía lo que me esperaba, que si cooperaba me iban a mandar a la penitenciaria que está en la calle 20 de Noviembre porque si me mandaban a Aquiles Serdán me iban a matar los demás detenidos de los Expedientes X”, leyó la fiscal al citar a DEFJ5/2021.
La audiencia para aportar datos de prueba en contra del exfiscal Francisco G.A., se prolongó desde el martes por la tarde hasta las primeras horas de este jueves 24 de noviembre, cuando se impuso la cautelar de prisión preventiva por un año.
