Cúpula empresarial chihuahuense exige frenar a Andrea Chávez por vínculos peligrosos

La onda expansiva del caso de la Barredora que tiene su epicentro en Tabasco y a su protagonista en la figura de Adán Augusto López Hernández llegó hasta Chihuahua. Allí los principales empresarios han iniciado una serie de contactos con el Gobierno Federal para tumbar el proyecto político de la Senadora Andrea Chávez que busca ser la candidata de Morena a la gubernatura en el 2027.

La lectura que hacen los hombres de negocios es la evidente: Chávez podría, producto de los compromisos inconfesables de su jefe Adán Augusto López, convertir a la entidad norteña en un escenario similar al de Tabasco, cobro de piso descontrolado, imposibilidad de transportar carga a carreteras, balaceras en centros urbanos y crisis carcelaria.

La sombra de La Barredora y el papel de Hernán Bermúdez

El eco del caso de La Barredora no solo arrastra la figura de Adán Augusto López Hernández, sino que también proyecta una inquietante sombra sobre uno de sus colaboradores más cercanos: Hernán Bermúdez, actual secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Según informes de inteligencia y versiones que circulan entre mandos policiales federales, el alto funcionario habría mantenido una política de “vista gorda” frente a la expansión del grupo criminal en el sureste, permitiendo que sus estructuras se consolidaran sin mayor resistencia institucional.

La Barredora, originaria de Guerrero, encontró en Tabasco un terreno fértil para sus operaciones: redes de cobro de piso a transportistas, control de rutas de mercancía y un sistema de amenazas y extorsiones que penetró desde mercados locales hasta cadenas de distribución nacional. Bajo el mando político de Adán Augusto y la gestión operativa de Bermúdez, el grupo criminal multiplicó su capacidad de acción, generando un clima de miedo que no solo afectó a comerciantes y transportistas, sino que debilitó la confianza ciudadana en las autoridades.

La preocupación de los empresarios de Chihuahua no es gratuita. Entre pasillos y reuniones privadas se comenta que, de replicarse en el norte la misma fórmula de complacencia institucional que se vio en Tabasco, la violencia podría escalar de forma dramática. Las rutas comerciales hacia la frontera quedarían expuestas a los mismos mecanismos de control y extorsión que hoy sofocan al sureste.

Pero la llegada de La Barredora a Chihuahua no sería un proceso silencioso. El territorio ya se encuentra bajo la férrea disputa de grupos locales como “La Línea”, el Cártel de Sinaloa y células independientes ligadas al narcotráfico en la Sierra Tarahumara. Una incursión de operadores tabasqueños podría detonar una guerra abierta por el control de rutas de droga hacia Estados Unidos, particularmente en zonas estratégicas como Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Parral.

Analistas en seguridad advierten que, a diferencia de Tabasco, en Chihuahua el ingreso de una fuerza externa como La Barredora enfrentaría de inmediato la reacción armada de los cárteles locales, elevando el riesgo de enfrentamientos en zonas urbanas y ataques directos contra autoridades o empresarios que se alineen con una de las facciones.

Hernán Bermúdez, quien ha sorteado múltiples señalamientos sin consecuencias judiciales, es visto por algunos como una pieza clave en la posible “exportación” del modelo tabasqueño: un entramado donde la política y el crimen operan en un inquietante equilibrio, beneficiándose mutuamente mientras la sociedad paga el costo. El temor en Chihuahua, por lo tanto, no solo radica en la figura de Andrea Chávez y su cercanía con Adán Augusto, sino en el escenario mucho más peligroso de un choque frontal entre cárteles locales y una organización criminal foránea que cuenta con respaldo político.