Detrás del Discurso
Cruz mintió sobre quién pagó el mitin de Sheinbaum: Juárez desembolsó casi 3 millones
Documentos obtenidos vía transparencia revelan que el Gobierno Municipal pagó pantallas, sonido, 18 mil sillas, gradas, vallas, carpas y otros servicios para la concentración del 31 de mayo en la Plaza de la Mexicanidad. Un día después, Cruz Pérez Cuéllar aseguró públicamente que se trataba de un acto del Gobierno de México organizado “en su gran mayoría” por Bienestar. La contradicción abre una pregunta de fondo: ¿por qué terminaron los juarenses pagando una movilización que el propio Municipio describió como organizada por Morena?
El problema no son únicamente los 2 millones 935 mil pesos.
El problema es lo que Cruz Pérez Cuéllar dijo que ocurrió frente a lo que ahora revelan los documentos.
El 31 de mayo de 2026, la Plaza de la Mexicanidad fue convertida en una gigantesca sede para transmitir el informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum y celebrar el segundo aniversario de su triunfo electoral.
Había pantallas, templete, sonido, miles de sillas, gradas, carpas, vallas, sanitarios y un importante despliegue de servidores públicos.
Al día siguiente, cuestionado sobre quién había organizado y financiado el evento, Pérez Cuéllar tomó distancia.
“Este fue un acto institucional del Gobierno de México, organizado en su gran mayoría por la Delegación del Bienestar”. (Ayuntamiento de Juárez)
Incluso aseguró que él y otros funcionarios municipales habían asistido “como ciudadanos”. (Ayuntamiento de Juárez)
Dos meses después, la documentación administrativa dibuja una historia considerablemente distinta.
Una investigación de Miguel Silerio Ortega para La Verdad Juárez, sustentada en documentos obtenidos mediante transparencia, encontró que el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez destinó 2 millones 935 mil pesos a la organización y operación del evento.
No fue solamente prestar la plaza.
El Municipio pagó buena parte de la fiesta.
Una factura de casi 3 millones
Según los documentos divulgados, la mayor parte del gasto salió de un contrato abierto que el Municipio había celebrado para la prestación de servicios destinados a eventos durante 2026.
La Dirección de Recursos Materiales giró una orden específica a Comercializadora y Distribuidora Ispavón, S. de R.L. de C.V.
El concepto resulta difícil de confundir:
“Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum”.
La orden ascendió a 2 millones 733 mil 740 pesos con 60 centavos.
Entre lo contratado aparecen:
- 18 mil sillas
- 84 pantallas LED
- equipo profesional de sonido
- templete
- gradas
- mil vallas
- carpas
- personal técnico
- infraestructura y servicios para la concentración
A ello se sumaron 100 sanitarios portátiles y otros conceptos hasta alcanzar, de acuerdo con la información entregada vía transparencia, aproximadamente 2 millones 935 mil pesos.
La cifra tampoco refleja necesariamente todo el costo que tuvo la operación para el Gobierno Municipal.
Los documentos refieren además la participación de 125 elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, cierres viales y la intervención administrativa de distintas dependencias para recibir, tramitar, autorizar, inspeccionar y operar el evento.
En otras palabras:
los juarenses no solamente pusieron la plaza.
Pusieron dinero.
Pusieron infraestructura.
Pusieron trabajadores.
Pusieron seguridad.
Pusieron logística.
Lo verdaderamente incómodo: el propio Municipio se contradijo
Aquí la historia comienza a ponerse peor para Cruz.
El mismo 31 de mayo, la página oficial del Gobierno Municipal publicó una nota sobre la concentración.
En ella no describió el encuentro exclusivamente como un acto institucional de la Presidencia de la República.
Lo presentó como parte de una “movilización nacional organizada por Morena”.
Veinticuatro horas después, Cruz Pérez Cuéllar dijo ante los medios que el evento era institucional, del Gobierno de México, y organizado fundamentalmente por Bienestar.
Las dos versiones salieron del mismo gobierno.
¿Era entonces un evento federal?
¿Era una movilización de Morena?
¿Era un acto institucional?
¿Era una celebración partidista?
¿Quién lo organizó realmente?
Sobre todo:
si era fundamentalmente responsabilidad de Bienestar, ¿por qué el Municipio de Juárez terminó pagando casi tres millones de pesos?
Sí hubo una convocatoria presidencial; eso no responde quién debía pagarla
Existe un matiz importante.
Claudia Sheinbaum sí convocó oficialmente a que su informe de rendición de cuentas del 31 de mayo fuera transmitido en plazas públicas de todo el país.
La Presidencia anunció desde el 24 de mayo que la transmisión se realizaría en las 32 entidades y explicó que el encuentro también celebraría los dos años del triunfo electoral del proyecto de la Cuarta Transformación. (Gobierno de México)
El acto, llamado “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, mezcló rendición de cuentas gubernamental con una celebración explícita del movimiento político que llevó a Sheinbaum a Palacio Nacional. (Gobierno de México)
Eso permite entender por qué hubo actos simultáneos en diversos estados.
Pero en los comunicados oficiales de Presidencia revisados por La Verdad a Gritos no se establece que los municipios estuvieran obligados a contratar con sus propios recursos 18 mil sillas, 84 pantallas, gradas, sonido, templetes y demás infraestructura para esas concentraciones. (Gobierno de México)
Ese es precisamente el hueco que Cruz debe explicar.
De 9 mil 999 personas a 40 mil en dos días
El expediente contiene otra anomalía que merece atención.
Según la documentación difundida, la Delegación de Bienestar formalizó ante el Municipio la solicitud para utilizar la Plaza de la Mexicanidad el viernes 29 de mayo.
El evento era el domingo 31.
La solicitud estimaba una asistencia de:
9 mil 999 personas.
Ese mismo día recibió autorización municipal.
No afirmaremos que la cifra de 9 mil 999 buscaba evadir deliberadamente algún requisito especial, porque hasta ahora no existe evidencia que permita demostrarlo.
Pero la precisión del número resulta, cuando menos, llamativa.
Más todavía por lo que ocurrió después.
El domingo, Protección Civil Municipal reportó aproximadamente 40 mil asistentes al encuentro de Sheinbaum. El Gobierno Municipal manejó la misma cifra en sus comunicaciones oficiales. (Ayuntamiento de Juárez)
Es decir:
la asistencia terminó siendo cuatro veces superior a la que aparecía en la solicitud presentada apenas 48 horas antes.
Los documentos obtenidos mediante transparencia agregan un dato todavía más delicado: Protección Civil habría fijado previamente para la Plaza de la Mexicanidad un aforo de aproximadamente 20 mil personas.
Si esas constancias están completas y corresponden al evento, entonces no hablamos solamente de una mala estimación.
Hablamos de una concentración que habría terminado duplicando el aforo previamente considerado por la propia autoridad responsable de la seguridad.
Eso requiere una explicación técnica.
No una porra.
Para cualquier otro organizador, el Municipio exige papeles, ambulancia y dictamen
La propia administración de Cruz Pérez Cuéllar ha explicado públicamente cuáles son los requisitos para realizar eventos masivos en Ciudad Juárez.
Entre ellos aparecen:
- licencia o autorización correspondiente;
- uso de suelo cuando resulte aplicable;
- aforo actualizado;
- elementos de seguridad;
- contrato con ambulancia;
- y dictamen de Protección Civil. (Ayuntamiento de Juárez)
En febrero de 2026, el Municipio incluso advirtió públicamente que ningún organizador puede simplemente llegar a la Plaza de la Mexicanidad y montar un evento: primero debe gestionar el espacio y después tramitar los permisos ante Gobierno, Protección Civil y Seguridad Pública. (Ayuntamiento de Juárez)
Correcto.
Entonces esas mismas reglas deben aplicarse cuando el beneficiario político del acto es Morena y quien encabeza el Municipio es Cruz Pérez Cuéllar.
La autoridad no puede ponerse una vara para fiscalizar al ciudadano y otra para fiscalizarse a sí misma.
El artículo 134 entra a la conversación
Que el Municipio haya pagado servicios para un acto encabezado por la presidenta no prueba automáticamente un delito ni un desvío de recursos.
Debe existir una investigación que determine el fundamento administrativo del gasto, la partida presupuestal utilizada, su objeto público y las autorizaciones correspondientes.
Pero el asunto está lejos de ser irrelevante jurídicamente.
El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos de Federación, estados y municipios deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de sujetar su utilización al principio de imparcialidad. (Cámara de Diputados)
Ese principio adquiere especial importancia cuando dinero municipal termina financiando infraestructura para una concentración que el propio Gobierno de Juárez describió como una movilización organizada por Morena.
La pregunta jurídica no debe formularse como sentencia anticipada.
Debe formularse correctamente:
¿qué fundamento permitió utilizar recursos municipales para financiar esa concentración y cuál fue exactamente su finalidad pública?
Si existe, que lo exhiban.
Ispavón: un proveedor conocido de la administración
Comercializadora y Distribuidora Ispavón tampoco apareció por primera vez en el Ayuntamiento para este evento.
En 2023, YoCiudadano documentó que el Municipio pagó a la empresa 440 mil 640 pesos por 20 mil rosas que Cruz Pérez Cuéllar repartió con motivo del Día de las Madres.
La misma investigación encontró que para entonces Ispavón ya había recibido cuatro contratos municipales durante 2022 por 3 millones 383 mil 195 pesos, relacionados con conceptos tan distintos como alimento para perros de la unidad K-9, servicios para cruzadas comunitarias y un festival de Pascua.
Su objeto comercial, de acuerdo con la información registral citada por YoCiudadano, es suficientemente amplio para comercializar toda clase de productos y mercancías.
Nada de eso demuestra una irregularidad en la contratación de 2026.
Sí convierte a la empresa en un proveedor recurrente que merece ser incorporado al expediente completo de contrataciones de la administración de Pérez Cuéllar.
La revisión debe incluir:
- número total de contratos recibidos;
- monto acumulado desde 2021;
- procedimientos utilizados;
- empresas competidoras;
- precios ofertados;
- órdenes de servicio emitidas bajo contratos abiertos;
- dependencias solicitantes;
- y beneficiarios finales de cada evento.
No es un episodio aislado en el gobierno de Cruz
El gusto de esta administración por los grandes montajes pagados con recursos públicos tiene antecedentes.
En 2021, el arranque del primer gobierno de Pérez Cuéllar costó más de 3.3 millones de pesos, incluyendo su toma de protesta y el evento realizado precisamente en la Plaza de la Mexicanidad.
En 2024, su tercer informe municipal alcanzó casi 16 millones de pesos, entre producción, espectáculo y difusión.
Además, investigaciones periodísticas han documentado cientos de millones destinados durante su administración a comunicación, marketing y contratos con medios que posicionaron favorablemente su imagen.
El patrón no prueba ilegalidad por acumulación.
Pero sí ayuda a entender una característica muy visible del gobierno de Cruz:
la comunicación política nunca parece ser un gasto menor.
El detalle más corrosivo: Cruz aseguró que fue como “ciudadano”
Esta parte merece detenerse.
Cruz sostuvo que él y otros integrantes de su administración asistieron al evento como ciudadanos.
Perfecto.
Un ciudadano puede acudir a cualquier concentración política.
Lo que un ciudadano común no tiene es una administración municipal que:
- contrata miles de sillas;
- coloca decenas de pantallas;
- paga sonido y templete;
- monta gradas;
- despliega policías;
- cierra vialidades;
- facilita permisos;
- renta sanitarios;
- y desembolsa casi tres millones de pesos.
Esa es la contradicción política que Cruz no puede resolver diciendo simplemente que estaba ahí como un simpatizante más.
Él pudo haber acudido como “ciudadano”.
La Tesorería acudió como patrocinador.
El evento que ellos mismos llamaron de Morena
La Presidencia de la República presentó el 31 de mayo como un informe nacional de rendición de cuentas.
El Gobierno de Juárez lo calificó el mismo día como parte de una movilización nacional “organizada por Morena”.
Cruz lo presentó después como un acto institucional del Gobierno de México organizado principalmente por Bienestar.
Los documentos de gasto muestran ahora al Municipio pagando millones.
No se necesita elaborar una teoría conspirativa.
Las propias versiones oficiales chocan entre sí.
Por eso el expediente debe abrirse completo.
Lo que debe transparentar el Gobierno de Juárez
La información disponible justifica una revisión administrativa y política mucho más amplia.
Como mínimo deben hacerse públicos:
- El contrato completo adjudicado a Ispavón para eventos 2026.
- La orden de servicio 20.1 atribuida a la Secretaría Particular.
- La requisición que dio origen al gasto.
- La partida presupuestal de donde salieron los recursos.
- Las facturas y comprobantes de pago.
- La relación completa de servicios efectivamente prestados.
- Las cotizaciones utilizadas para fijar precios.
- El contrato de los 100 sanitarios portátiles.
- La solicitud presentada por Bienestar.
- La autorización emitida el 29 de mayo.
- El dictamen de Protección Civil.
- El documento donde se estableció el aforo autorizado.
- Las bitácoras de ingreso y conteo de asistentes.
- El costo y origen de los recursos humanos desplegados.
- Cualquier convenio de colaboración entre Municipio y Gobierno federal.
- Cualquier solicitud federal para que Juárez absorbiera económicamente la organización.
Hay una pregunta adicional:
¿Bienestar reembolsó algún peso al Municipio?
Si ocurrió, que se muestre.
Si no ocurrió, entonces queda confirmado que el costo terminó absorbido por los contribuyentes juarenses.
Cruz ya estaba mirando hacia 2027
El contexto tampoco puede borrarse.
El 31 de mayo Cruz seguía formalmente como alcalde, pero su aspiración a la gubernatura era pública desde mucho antes. El debate político estatal ya colocaba a Pérez Cuéllar entre quienes se movían anticipadamente por la candidatura de 2027.
Dos semanas y media después, el 17 de junio, dejaría temporalmente la alcaldía para dedicarse abiertamente a esa ruta.
Por eso resulta legítimo preguntarse por el beneficio político indirecto que podía representar para Cruz montar en su ciudad una de las concentraciones más grandes del país en respaldo a Claudia Sheinbaum.
No existe evidencia disponible que permita afirmar que los casi tres millones fueron gastados para comprar el apoyo presidencial a su candidatura.
Sería irresponsable asegurarlo.
Pero tampoco hace falta inventarlo para señalar el evidente valor político de la escena:
Cruz poniendo a Juárez, su gobierno y su presupuesto al servicio de una demostración multitudinaria de respaldo a la presidenta cuya fuerza política será determinante rumbo a 2027.
Eso merece escrutinio.
Para llevar…
Cruz Pérez Cuéllar dijo que el acto pertenecía al Gobierno de México y que Bienestar había llevado la mayor parte de la organización.
Los documentos dicen otra cosa:
Juárez pagó casi tres millones de pesos.
Su propio Gobierno dijo que aquello era una movilización nacional organizada por Morena.
Después él dijo que era institucional.
La solicitud habló de 9 mil 999 asistentes.
El Municipio terminó presumiendo más de 40 mil.
La orden de servicio apareció el mismo día de la solicitud.
Las sillas, pantallas, sonido, gradas, vallas y demás infraestructura terminaron cargadas al presupuesto municipal.
Eso es lo que Cruz tiene que explicar.
No si apoya a Claudia Sheinbaum.
Está en todo su derecho.
No si simpatiza con Morena.
Es su partido.
La cuestión es mucho más sencilla:
¿por qué tenía que pagar Juárez la demostración política?
La 4T bautizó aquel informe con tres palabras:
“Honestidad, resultados y amor al pueblo”.
Perfecto.
Entonces que empiecen por la primera.
Que Cruz diga toda la verdad sobre quién pagó la fiesta.