Chihuahua blinda elecciones contra el narco

El Estado Grande puso en su ley la nulidad de elecciones intervenidas por la delincuencia y sanciones para partidos o candidatos beneficiados por la violencia criminal. Morena combatió parte de la reforma ante la Suprema Corte. Este martes, el máximo tribunal decidirá qué candados permanecen rumbo a 2027.

En Chihuahua ya no basta con ganar votos.

Si se acredita que el crimen organizado metió las manos en una elección, la elección puede caer.

La reforma electoral publicada el 30 de junio de 2026 incorporó disposiciones para sancionar la intervención de grupos criminales en los procesos electorales, desde una casilla hasta una elección completa. Los artículos reformados contemplan violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas, financiamiento, presión o cualquier influencia indebida que altere el desarrollo o resultado de los comicios. 

Y ahí comenzó el pleito.

¿Qué aprobó Chihuahua?

La Ley Electoral estatal establece ahora que pueden sancionarse partidos, agrupaciones y candidaturas que realicen o resulten beneficiadas directamente por actos de intervención criminal.

El artículo 383 contempla incluso la nulidad de la votación en una casilla cuando se acrediten actos delictivos sistemáticos que afecten la libertad o autenticidad del sufragio.

Y el artículo 384 va todavía más lejos: permite anular elecciones de ayuntamientos, sindicaturas, diputaciones y la gubernatura cuando se demuestre que esos actos tuvieron incidencia en el proceso electoral. 

Las sanciones previstas también alcanzan a los partidos: para determinadas conductas graves y reiteradas, la legislación contempla incluso la cancelación del registro partidista. 

No es retórica.

Está escrito en la ley.

Morena votó en contra

El camino legislativo fue accidentado.

Una primera propuesta constitucional para endurecer las causales de nulidad obtuvo 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención, cuando necesitaba 22 votos para prosperar. Morena estuvo entre las fuerzas que se opusieron a ese planteamiento. 

Posteriormente, el Congreso aprobó las modificaciones a la legislación electoral secundaria y los decretos 557 y 558 fueron publicados el 30 de junio. 

Después vino el segundo round.

Morena llevó la reforma a la Corte

La dirigencia nacional de Morena presentó la Acción de Inconstitucionalidad 99/2026 contra diversos puntos de la reforma.

No fue la única impugnación.

La Suprema Corte acumuló cuatro expedientes:

96/2026, 97/2026, 99/2026 y 103/2026.

Entre los promoventes aparecen legisladores locales, Morena y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. La propia SCJN registra esos asuntos como un mismo bloque de revisión constitucional. 

Así que afirmar simplemente que Morena fue a la Corte exclusivamente para “proteger narcocandidatos” sería ir más lejos de lo que demuestra el expediente.

Pero hay un hecho que tampoco puede borrarse:

Morena sí está impugnando una reforma que contiene candados específicos contra la intervención criminal en elecciones.

¿Qué argumenta Morena?

Morena sostiene que su impugnación no pretende permitir la intervención del crimen organizado.

El coordinador de su bancada en Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, ha señalado que el recurso cuestiona diversos elementos jurídicos de la reforma —entre ellos reglas de representación, candidaturas y procedimiento legislativo— y afirma que su partido también ha propuesto mecanismos contra la infiltración criminal. 

Además existe otro dato que complica cualquier lectura simplista:

en mayo, la propia presidenta Claudia Sheinbaum propuso a nivel federal crear una comisión del INE para revisar posibles riesgos de vínculos entre candidatos y delincuencia organizada, mediante consultas a la FGR, UIF, CNBV y servicios de inteligencia. En esa propuesta, los partidos conservarían la decisión final sobre registrar o no al aspirante.

Es decir:

la discusión no es si debe combatirse la infiltración criminal, sino hasta dónde puede llegar legalmente el Estado para impedirla.

La Corte entra al ruedo

El asunto está listado para discusión del Pleno de la Suprema Corte este 29 de septiembre.

El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propone declarar parcialmente fundadas las impugnaciones: plantea invalidar algunas disposiciones del régimen sancionador y otras restricciones de la reforma, mientras mantiene otros componentes del esquema electoral. También analiza una omisión del Congreso local respecto de la nueva causal federal de nulidad por injerencia extranjera. 

Eso significa que mañana la discusión no será simplemente:

“narco sí” contra “narco no”.

Será mucho más concreta:

¿qué pruebas son necesarias?, ¿cuándo puede responsabilizarse a un partido?, ¿cuándo puede castigarse a una candidatura?, ¿qué nivel de intervención criminal basta para anular una elección?

Y, sobre todo:

¿qué pasa cuando el dinero, las amenazas o las armas intentan sustituir al voto?

Para llevar…

Chihuahua ya puso sobre la mesa una realidad que durante años la política mexicana prefirió esquivar:

el crimen organizado también puede competir en una elección sin aparecer en la boleta.

Puede financiar.

Puede amenazar.

Puede despejar el camino.

Puede imponer condiciones.

Y precisamente por eso la discusión en la Suprema Corte importa.

No porque una ley pueda convertir automáticamente a un partido en culpable.

Sino porque una democracia incapaz de expulsar al dinero y a la violencia criminal de las urnas termina dejando de decidir únicamente con votos.

Este martes sabremos qué parte del blindaje de Chihuahua sobrevive a la Corte.